El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, fue trasladado el martes a la prisión de Zuera (Zaragoza) donde este jueves se somete a la prueba del Potencial Evocado Cognitivo, conocida como P-300 o test de la verdad, una prueba que el juez que investigó el crimen considera que "no atenta a la dignidad personal del penado, el cual libremente lo ha consentido".

Miguel Carcaño, que cumple su condena de 21 años y tres meses de prisión en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), fue conducido el pasado martes la cárcel de Zuera (Zaragoza), desde donde este jueves será conducido al Hospital Miguel Servet de la capital maña donde el jefe del servicio de Neurofisiología, el doctor José Ramón Valdizán, lo someterá a esta prueba.

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco Molina, autorizó la excarcelación del asesino confeso pero apuntó, no obstante que, Carcaño puede "negarse libremente, en cualquier momento" a la práctica de dicha prueba, y recordó además a la Policía que "debe informar" del resultado de la misma.

El auto subrayaba que Miguel Carcaño está condenado por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo por el crimen de Marta, cuyo asesinato "fue declarado probado a manos del referido penado" por ambas sentencias.

El instructor recordaba que la pieza separada abierta para la búsqueda del cuerpo "no es una causa judicial en fase de instrucción" y "no tiene por objeto la investigación de nuevos hechos, ni la participación de personas distintas en los hechos ya juzgados", afirma el instructor en alusión a las críticas que en su día realizó a la actuación policial cuando investigó al hermano de Carcaño, Javier Delgado, tras la séptima versión de los hechos del asesino confeso. 

"Existe una condena firme por delito de asesinato y no ha aparecido el cuerpo de la víctima, y es obligación de la Policía y del propio juzgado continuar con las pesquisas para su hallazgo. Esta es la razón de ser de esta pieza separada del proceso principal", insiste el auto, que añade en cualquier caso que la Policía Judicial "no precisa de un mandato judicial expreso para continuar con las investigaciones necesarias para la búsqueda y localización del cuerpo de la víctima, que no ha aparecido pese a que la causa está ya enjuiciada", afirmaba el instructor, que destacaba el "denodado esfuerzo y diligencia" de la Policía Judicial en esta labor.

La prueba que se solicita, prosigue el juez, no es una diligencia de instrucción, "no es una prueba, no tiene por objeto investigar la conducta de una persona sometida al proceso y, en consecuencia, nunca podría ser utilizada en contra del penado", quien ha aceptado someterse a la misma voluntariamente, prestando para ello un consentimiento informado que "para mayor garantía" lo fue en presencia de su abogada, Paloma Pérez, que firma el documento junto a Carcaño.

Respecto a la prueba solicitada, el juez señala que de acuerdo con la información facilitada por la Policía Judicial, consiste en el estudio de las modificaciones de la actividad eléctrica cerebral provocadas por estímulos internos, las que se denominada Potenciales Evocados Cognitivos, uno de los cuales, el más estudiado, es el P300, porque consiste en una "onda positiva que se produce aproximadamente a los 300 milisegundos del inicio del estímulo que ha originado el potencial (la información presentada)" y se trata de una onda que no puede ser modificada por la voluntad del sujeto, reacciona a datos de la memoria, genera datos digitales que pueden ser valorados objetivamente. Se trata de un estudio que "dista mucho de lo que se ha venido en denominar máquina de la verdad", concluye el juez.