La pandemia del Covid ha empeorado la situación en la que se encuentran muchas familias sevillanas, a las que la falta de recursos sitúa al borde de la indigencia. Así lo ha puesto de manifiesto este martes Cáritas Diocesana de Sevilla, cuyo director, Mariano Pérez de Ayala, ha hecho balance de la labor realizada por la ONG católica durante 2020 para atender a las personas sin hogar. 

Uno de los datos más preocupantes de esta estadística es el que concierne al gasto destinado a sufragar los suministros domésticos. Si en 2019 dicha cifra se elevaba a 730.000 euros, un año después alcanza los 836.000, es decir, un aumento del 14,52%, que se produce en un ejercicio marcado por el estallido de la pandemia del coronavirus. 

Hace justo un año, en el otoño de 2020, Pérez de Ayala advertía de la situación que iba a provocar la crisis sanitaria. Una vez que se dejaran atrás sus peores datos, como ahora ocurre, los efectos económicos y laborales continuarían padeciéndolos numerosas familias. Este vaticinio se ha cumplido, según las cifras aportadas por Cáritas Diocesana de Sevilla. El número de hogares sin medios suficientes para pagar servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o el propio alquiler y la renta sigue al alza. Una situación que se denomina "emergencia habitacional" y que cada vez resulta más frecuente. 

Del ERTE al ERE

Estas dificultades se han agravado con la pandemia, cuando muchos trabajadores han pasado a engrosar las listas de los ERTE, que, como ya señaló Pérez de Ayala hace un año, "no dan ni para sufragar el alquiler". No obstante, el director de Cáritas también advirtió que lo "peor" podría llegar cuando estas ayudas públicas acabaran y muchos de los empleados se fueran directamente al paro. 

De cara al futuro, esta "emergencia habitacional" también se puede ver agravada durante el presente ejercicio con la subida del precio de alguno de estos suministros, como es el caso de la electricidad, que se ha convertido en inasumible para muchos hogares. Numerosas familias han afrontado las olas de frío -como Filomena- y las de calor -con más de 42 grados en agosto- sin poder hacer uso de aparatos eléctricos que las combatieran. Un auténtico calvario que quedará reflejado en el balance que Cáritas publique dentro de un año. 

Mariano Pérez de Ayala durante la rueda de prensa de este martes.

Frente a este aumento, lo que sí ha disminuido es el número de personas atendidas en la calle, los sin techo. Cáritas Diocesana de Sevilla asistió en 2020 a 462 ciudadanos en tales circunstancias, frente a los 614 del ejercicio anterior. Aunque la comparativa supone una importante reducción, lo cierto es que la situación de estas personas se prolonga en el tiempo. De hecho, una de las características más destacadas del perfil de quienes integran este colectivo es que llevan más de un lustro sin hogar. 

La mayoría son hombres, solteros, con edades comprendidas entre los 36 y 60 años, con estudios primarios. A ello se debe sumar que, en el caso de Sevilla, las personas sin hogar proceden en buen número de otras nacionalidades, según refleja el informe de Cáritas. 

Con pocos fondos públicos

La institución diocesana ha invertido 874.000 euros en atender a dicho colectivo, un importe del que el 70% procede de fondos de la propia ONG, ya que la participación pública se mantiene congelada desde hace años en un 30%. De las 462 personas asistidas por no tener un cobijo, 419 formaron parte de los cinco proyectos parroquiales que Cáritas posee con este fin, mientras que a 43 se les acogió en el Centro Amigo, un servicio residencial donde se presta atención socieducativa y apoyo a la incorporación social. También debe resaltarse que en la atención a los personas sin hogar trabajaron 216 voluntarios, 36 de ellos del Centro Amigo, y 20 técnicos. 

Desde Cáritas se pide una mayor contratación, por parte de los servicios públicos,de trabajadores y educadores sociales, sanitarios y técnicos, con el objetivo de disminuir la ratio por profesional y de un mejor acompañamiento durante el proceso de inclusión social de los sin techo. Además, se propone un parque público de vivienda social destinada a familias en situación de riesgo, equipos sociosanitarios de salud mental que trabajen en la calle con este colectivo y programas de empleo enfocados a las personas sin hogar.