El parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez, el ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, y la nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas trabajaron para alguna de las empresas vinculadas al entramado societario que creó el conseguidor de los ERE Juan Lanzas para canalizar las comisiones por su intervención en la tramitación de las ayudas públicas de la Junta. Así lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, y que procede del análisis de los efectos intervenidos durante los registros practicados en la primera fase de la operación Heracles contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a estas ayudas.

Los investigadores sostienen que, de acuerdo con la declaración del modelo 190 presentada por la empresa Maginae Solutions -de la que Lanzas es "administrador de hecho y responsable"-, el parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez, habría percibido retribuciones por importe de 8.390,55 euros de esta sociedad, que le dio de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante 133 días, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto del mismo año. De ese dinero, 4.705,85 euros fueron abonados en concepto de empleado por cuenta ajena y 3.684,70 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, precisa los agentes del instituto armado.

En el caso del ex concejal José Antonio García, que estuvo imputado en el caso de las facturas falsas del distrito Macarena -causa que se archivó contra él-, recibió 9.321,65 euros como trabajador de la empresa Al Andalus Mass Media Channel entre los años 2007 y 2008, al haber figurado de alta durante 326 días (entre el 21 de junio de 2007 y el 11 de febrero de 2008).

El atestado recoge igualmente los pagos realizados por importe total de 23.850,13 euros a María del Carmen Rodríguez Borrego, pareja de un hijo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y que está relacionada con las sociedades Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur. De estas empresas, María del Carmen Rodríguez Borrego habría recibido 19.084,72 euros en los años 2008 y 2009 de la primera empresa; y 4.765,41 euros en 2007 y 2008, de la segunda. Además, figuró de alta en el régimen de la Seguridad Social en la empresa Consulting Social Siemur durante 365 días (entre el 12 de febrero de 2007 y el 11 de febrero de 2008) y durante 453 días por Al Andalus Mass Media Channel, entre el 1 de abril de 2008 y el 27 de junio de 2009.

Fuentes del caso apuntaron que la nuera de Rivas había realizado trabajos para esas empresas relacionados con el reparto de propaganda, aunque el atestado no recoge nada al respecto salvo que la nuera de Rivas convivió en el mismo domicilio que el ex delegado durante el tiempo que estuvo vinculada laboralmente a las sociedades administradas por Lanzas.

La Guardia Civil concluye que teniendo en cuenta la "escasa actividad económica" de las entidades Maginae Solutions y Al Andalus Mass Media Channel, así como el "desconocimiento de su labor como trabajadores" por el resto de empleados de estas sociedades -la Guardia Civil ha recabado en este sentido el testimonio de las personas que laboraron los contratos de trabajo y les dieron de alta en la Seguridad, para los investigadores y "a juicio policial", se podría inferir que los presuntos pagos declarados en relación con las tres personas "pudieran no corresponderse con la prestación de un servicio real".

Los empleados de las empresas consultados por la Guardia Civil afirmaron que desconocían las funciones de Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Rivas, porque "nunca" les habían visto ni hablado con ellos y que la "presunta labor comercial desarrollada por éstos no se vio reflejada en un aumento de la facturación".