El parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario de organización del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que no eleve la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como le ha pedido la Fiscalía de Sevilla, en relación con el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Carmelo Gómez niega que cobrara de Mercasevilla y subraya que, en todo caso, el delito de simulación de contrato habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde que fue contratado.

La defensa del parlamentario andaluz considera que las actuaciones realizadas en torno al delito societario que se investiga en esta empresa pública acreditan que no tiene "ninguna relación con los múltiples, variados, diversos y hasta variopintos hechos incluidos en el difuso y amplísimo ámbito de lo investigado en esa causa penal". Así, explica que Carmelo Gómez "no aparece ni tan siquiera mencionado en ninguno de los cientos de documentos acumulados" con motivo de la multitud de investigaciones sucesivas abiertas. "Nunca aparece, nadie lo menciona, nadie pregunta por él, no puede encontrarse su nombre en ninguna de las amplísimas investigaciones de los atestados aportados" a la causa, señala la defensa, que concluye que el parlamentario "nunca" recibió fondos de Mercasevilla.

La defensa insiste en la "falta de referencia alguna" a Carmelo Gómez en la "extensa, profunda y meticulosa investigación policial" sobre Juan Lanzas y sobre todas las personas o entidades que directa o indirectamente se pudieran relacionar con el, y "tras cinco años de investigación ha quedado acreditado que no tiene nada que ver con ninguno de los muchos hechos y personas sometidos a investigación".

En el escrito remitido a la juez Bolaños, el letrado lamenta la "forzada aparición" de Carmelo Gómez "en uno de los últimos autos dictados por la anterior titular", en alusión a Mercedes Alaya, quien actúa con "premura" para establece "alguna vinculación" entre Carmelo Gómez y el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, a pesar de que la misma "esta desmentida por lo investigado" por la Guardia Civil.

También reprocha la "artificiosa vinculación" del parlamentario socialista con Mercasevilla, empresa de la que "nunca" fue empleado. "En ese caso, ¿por qué razón en esta postrera resolución de la anterior titular del juzgado, dictada cuando estaba a punto de perder el control del mismo, apuntó la idea de que sus nóminas fueron presuntamente abonadas por Mercasevilla?", se pregunta la defensa. Esa insinuación del supuesto pago, prosigue, aparece en el atestado que "llegó a estas actuaciones por iniciativa exclusiva de la anterior titular del juzgado", y añade que aquella insinuación le debió parecer "débil o insuficiente y precisamente para reforzar esa conjetura o insinuación la magistrada ordenó que urgentemente se elaborara un informe con el mayor detalle".

Tras esa orden de Alaya, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se esfuerza en fabricar o construir la idea del supuesto pago por Mercasevilla de las nóminas" de Carmelo Gómez y para ello se establece el "falso silogismo siguiente: si Carmelo Gómez fue empleado de Maginae Solutions y esta mercantil recibió fondos de Mercasevilla, ergo, Maginae Solutions le pagó sus nóminas con fondos de Mercasevilla". Según la defensa, la UCO para conseguir ese "objetivo imposible, se esfuerza en una argumentación alambicada, utiliza correos electrónicos con palabras clave y cuadra cifras de manera aproximada. Pero lo cierto es que ni las fechas, ni las cifras, ni la posición de Carmelo Gómez encuentran encaje".

El abogado José María Calero, que representa a Carmelo Gómez, subraya que su relación con la mercantil Maginae Solutions son unos hechos "ajenos por completo a estas actuaciones, que tuvieron lugar hace ya más de ocho años y que, en todo caso, carecen de relevancia penal".

La UCO, según el defensor, tomó "de forma artificiosamente aislada" los fondos que recibió Maginae Solutions de Mercasevilla, "olvidando, omitiendo u ocultando" que si bien es cierto que este empresa recibió fondos de la lonja, "también lo es que recibió fondos de otras muchas fuentes, como la propia UCO conoció e identificó".

La actuación tiene una explicación para la defensa: "Sólo la condición de diputado autonómico de Carmelo Gómez y la perniciosa contaminación política de aquella actuación judicial podría explicar este modo forzado hasta el límite de lo aceptable de traer a unas diligencias penales a mi mandante", en alusión al inicio de las actuaciones por una querella del PP.

El vicesecretario de organización del PSOE reconoce que mantuvo una "escueta relación laboral que no llegó a consolidarse y apenas llegó a durar cuatro meses". El propósito, explica, era el aprovechamiento de su especialidad como técnico superior en dietética en el objeto social general de la empresa, en el asesoramiento a empresas de todo tipo sobre todo en el sector agroalimentario, y las nóminas fueron abonadas con "fondos privados en el seno de relaciones entre particulares", y todo ello "con independencia de la mayor o menor concreción de sus cometidos", precisa la defensa, que entiende que esa relación laboral fue "temporalmente brevísima, marginal e irrelevante en su trayectoria personal y laboral", y "ajena al derecho penal".

En cualquier caso y admitiendo a "efectos meramente dialécticos" la tipificación que establece la Fiscalía respecto a que se pudiera tratar de un contrato simulado, la defensa considera que en todo caso habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años.

Carmelo Gómez critica que esta investigación nació con un objeto "amplísimo e impreciso" y se expandió más "de manera desordenada, dando lugar a incidencias de todo orden", que dio lugar a una "indagación sobre los más diversos aspectos, que afectó a multitud de personas y entidades que han sido examinadas con gran detalle, sin orden lógico o criterio conocido o expresado y prácticamente sin límites determinados. Todo ello hace difícil por no decir imposible, acotar e identificar cuál pudiera ser el objeto de las presentes actuaciones", asevera.

Y añade que "no es posible incluir en tan amplio espectro" al parlamentario andaluz Carmelo Gómez, en una investigación que se analiza la actuación de los administradores de Mercasevilla, la tramitación del ERE, o la actuación de los auditores.

La defensa argumenta asimismo que en uno de los atestados de la Guardia Civil se indaga no sólo al conseguidor de los ERE Juan Lanzas, sino "a todas las entidades y personas que pudieran tener relación directa o indirecta con él", incluso personas con "relevancia pública", pero “en ninguno de esos apartados aparece mencionado" Carmel Gómez. "Su posición queda fuera del amplio objeto de esta causa, todavía más lejos del foco de investigación: estuvo empleado en una empresa (Maginae Solutions) de la órbita de Juan Lanzas (de un cuñado suyo), en un corto periodo de tiempo, entre marzo y agosto de 2007", alega.

La Fiscalía de Sevilla solicitó en septiembre pasado a la juez María Núñez Bolaños que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para imputar al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez en la investigación por el delito societario de Mercasevilla. Según la Fiscalía, el contrato de Carmelo Gómez, así como el del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y el de una nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas pueden ser "simulados", no responden a actividad laboral real y además se pagaron 70.000 euros en total "indebidamente con fondos públicos", los procedentes de Mercasevilla mediante la emisión presuntamente de facturas falsas.

En el escrito presentado el pasado 25 de septiembre, el Ministerio Público argumentaba que una vez examinadas las investigaciones relacionadas con la gestión de Mercasevilla, "habría en la causa indicios" de que el entonces director general de esta empresa, Fernando Mellet, mediante el abono de "facturas simuladas", pagó la nómina del parlamentario andaluz, así como del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y de María del Carmen Rodríguez Borrero, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, durante el tiempo que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario de Juan Lanzas.

La Fiscalía entiende que las nóminas de estas personas fueron "pagadas indebidamente con fondos públicos", al existir "indicios de que los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna".