La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para imputar parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez en la investigación por el delito societario de Mercasevilla, en relación con el "supuesto pago" de nóminas por parte de esta empresa pública y a través de las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Dice la Fiscalía que el contrato de Carmelo Gómez, así como el del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y el de una nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas pueden ser "simulados", no responden a actividad laboral real y además se pagaron 70.000 euros en total "indebidamente con fondos públicos", los procedentes de Mercasevilla mediante la emisión presuntamente de facturas falsas.

En un escrito presentado el pasado 25 de septiembre, la Fiscalía de Sevilla argumenta que una vez examinadas las investigaciones relacionadas con la gestión de Mercasevilla, "habría en la causa indicios" de que el entonces director general de esta empresa, Fernando Mellet, mediante el abono de "facturas simuladas", pagó la nómina del parlamentario andaluz, así como del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y de María del Carmen Rodríguez Borrero, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, durante el tiempo que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario de Juan Lanzas.

El Ministerio Público interesa la práctica "a la mayor brevedad" posible de una serie de diligencias "con la finalidad de determinar el grado de participación de las restantes personas implicadas", entre ellas que se tome declaración como imputados a José Antonio García y a la nuera de Rivas, mientras que en el caso de Carmelo Gómez el fiscal pide en primer lugar que la juez oficie al Parlamento andaluz para que "certifique la actual condición de parlamentario" del mismo y una vez acreditado, dada su condición de aforado, solicita que la juez "eleve atenta exposición razonada al TSJA, por considerar que la instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su Sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones".

En su escrito, la Fiscalía ha pedido que se incorporen a las presentes actuaciones testimonios de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativa a estos hechos y que se requiera al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte los contratos de trabajo realizados a Carmelo Gómez, José Antonio García y a María del Carmen Rodríguez Borrero por las empresas vinculadas a Lanzas: Al Andalus Mass Media Channel, Maginae Solutions y Consulting Social Siemur.

De la misma forma, el fiscal pide que se requiera a la tesorería de la Seguridad Social para que aporte la hoja de vida laboral de estas tres personas y de las empresas que los contrataron. A las empresas del conseguidor también se solicita que aporten "toda la documentación que haya servido para justificar el pago de dietas" a estas personas.

El fiscal solicita igualmente que se amplíe la imputación a Juan Lanzas y a su cuñado, Ismael Sierra, en su "condición de dueños reales de las tres empresas, al existir indicios de que colaboraron en los hechos atribuidos a Fernando Mellet, recibiendo los fondos de Mercasevilla, mediante el sistema de facturas falsas, y destinaron de manera específica parte del dinero al pago de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez Borrero".

La Fiscalía solicita la imputación porque entiende que las nóminas de estas personas fueron "pagadas indebidamente con fondos públicos", al existir "indicios de que los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna".

La juez María Núñez Bolaños ha acordado todas las diligencias solicitas por la Fiscalía y respecto a Carmelo Gómez ha enviado un oficio al Parlamento andaluz para que certifique la actual condición de parlamentario y "con su resultado se acordará", precisa una providencia de la juez de fecha 23 de octubre.

En relación con estos hechos, Bolaños amplió la imputación al ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet por los pagos que ascienden a 70.000 euros entre las tres personas contratadas, aunque su declaración ha sido aplazada en dos ocasiones por diversos motivos.

En junio pasado, la juez Mercedes Alaya, en una de sus últimas actuaciones antes de ser destinada como magistrada a la Audiencia de Sevilla, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigara ese "supuesto pago" de nóminas por parte de esta empresa pública y a través de las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas a estas tres personas.

En un auto, Alaya ordenó a la UCO que "urgentemente informe con todo detalle, a los efectos de ampliar en su caso la imputación inicialmente formulada" contra el ex gerente de Mercasevilla Fernando José Mellet Jiménez sobre el supuesto pago por esta empresa pública de las nóminas de Carmelo Gómez Domínguez, José Antonio García González y Mª del Carmen Rodríguez Borrego, nuera de Antonio Rivas, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas, pues aparecen dados de alta el primero  en Maginae Solution, en Al-Andalus Mass Media Chanel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en Consulting Social Siemur".En la resolución, la instructora acordó ampliar el objeto de la pericial acordada en esta investigación para que por los peritos designados "se examine la documentación relativa a las nuevas entidades que relacionadas directa o indirectamente con Juan Lanzas, habrían mantenido operaciones comerciales simuladas con Mercasevilla, debiendo verificar si el importe de dicha facturación falsa asciende a 801.557,07 euros".

Alaya incorporó a la causa del delito societario el atestado remitido por la UCO al juzgado hace más de un año, en concreto en marzo de 2014, en el marco de la investigación de los ERE fraudulentos, en el que se precisaba que estas tres personas trabajaron para alguna de las empresas vinculadas al entramado societario que creó el conseguidor de los ERE Juan Lanzas para canalizar las comisiones por su intervención en la tramitación de las ayudas públicas de la Junta.

El atestado procede del análisis de los efectos intervenidos durante los registros practicados en la primera fase de la operación Heracles contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a estas ayudas.  Los investigadores sostienen que, de acuerdo con la declaración del modelo 190 presentada por la empresa Maginae Solutions -de la que Lanzas es "administrador de hecho y responsable"-, el parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez, habría percibido retribuciones por importe de 8.390,55 euros de esta sociedad, que le dio de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante 133 días, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto del mismo año. De ese dinero, 4.705,85 euros fueron abonados en concepto de empleado por cuenta ajena y 3.684,70 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, precisa los agentes del instituto armado.

En el caso del ex concejal José Antonio García, que estuvo imputado en el caso de las facturas falsas del distrito Macarena -causa que se archivó contra él-, recibió 9.321,65 euros como trabajador de la empresa Al Andalus Mass Media Channel entre los años 2007 y 2008, al haber figurado de alta durante 326 días (entre el 21 de junio de 2007 y el 11 de febrero de 2008).

El atestado recoge igualmente los pagos realizados por importe total de 23.850,13 euros a María del Carmen Rodríguez Borrego, pareja de un hijo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y que está relacionada con las sociedades Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur. De estas empresas, María del Carmen Rodríguez Borrego habría recibido 19.084,72 euros en los años 2008 y 2009 de la primera empresa; y 4.765,41 euros en 2007 y 2008, de la segunda. Además, figuró de alta en el régimen de la Seguridad Social en la empresa Consulting Social Siemur durante 365 días (entre el 12 de febrero de 2007 y el 11 de febrero de 2008) y durante 453 días por Al Andalus Mass Media Channel, entre el 1 de abril de 2008 y el 27 de junio de 2009.

La Guardia Civil concluye que teniendo en cuenta la "escasa actividad económica" de las entidades Maginae Solutions y Al Andalus Mass Media Channel, así como el "desconocimiento de su labor como trabajadores" por el resto de empleados de estas sociedades -la Guardia Civil ha recabado en este sentido el testimonio de las personas que laboraron los contratos de trabajo y les dieron de alta en la Seguridad, para los investigadores y "a juicio policial", se podría inferir que los presuntos pagos declarados en relación con las tres personas "pudieran no corresponderse con la prestación de un servicio real".

Los empleados de las empresas consultados por la Guardia Civil afirmaron que desconocían las funciones de Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Rivas, porque "nunca" les habían visto ni hablado con ellos y que la "presunta labor comercial desarrollada por éstos no se vio reflejada en un aumento de la facturación".