El Grupo Parlamentario de Ciudadanos reclamará el jueves en el Parlamento que se determine si la administración autonómica ha podido incurrir en "responsabilidad patrimonial" en las labores de inspección en el caso de iDental. En la iniciativa, que será debatida el miércoles en la Comisión de Salud del Parlamento, se insta también a la Junta a que traslade al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este problema con el fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos.

Ciudadanos también pedirá a la administración autonómica que se haga cargo de las necesidades de peritaje que precisen los afectados por iDental, y que se constituya una mesa de expertos independientes para determinar si la administración autonómica ha podido incurrir en "responsabilidad patrimonial" de las administraciones públicas, obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión en el ámbito sanitario. Además pedirá que informe, en su caso, sobre las posibles respuestas legales para resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública.

Varios informes advirtieron hace más de un año de posibles irregularidades en iDental. Con fecha de mayo de 2017, una investigación ya alertó "del incremento desmesurado de quejas y reclamaciones" en iDental; y advirtió de "graves perjuicios a pacientes". Las sospechas de irregularidades estaban dirigidas, hace meses, en materia de consumo (por ejemplo, tratamientos abonados por los pacientes y no realizados), pero también en la atención sanitaria (complicaciones). Ante la sospecha de este funcionamiento anormal, con consecuencias en la salud de los afectados, en diversos escritos se solicitó a la Consejería de Salud que procediera a adoptar medidas extraordinarias, entre ellas el cierre cautelar de las clínicas y la remisión del caso a la Fiscalía. En diciembre de 2017 un nuevo informe reiteró las claras sospechas de irregularidades. Además, el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla remitió varios escritos dirigidos a varios responsables sanitarios para advertir de las numerosas denuncias.

El cierre sin previo aviso, con miles de damnificados, no ha sorprendido en este sector. Los centros sanitarios privados son objeto de inspecciones cuyo cometido es, entre otros, velar por unos mínimos en la calidad asistencial. A través de redes sociales los afectados se preguntan por qué la Junta de Andalucía no adoptó medidas extraordinarias el pasado año ante las numerosas advertencias de posible mala praxis.

Ciudadanos considera que "las comunidades autónomas, como administraciones responsables de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, además de acreditar y supervisar el correcto funcionamiento de los centros sanitarios de su territorio, han concurrido, ante este caso, en una grave dejación de funciones, desembocando su irresponsabilidad en graves perjuicios para miles de ciudadanos en todo el territorio nacional".

Varios informes alertaron en 2017 de irregularidades y de la posible mala praxis

El Grupo de Ciudadanos expresa que desde la administración estatal también pueden llevarse a cabo medidas concretas que faciliten los procedimientos de reclamación y defensa de los derechos de los consumidores afectados por esta situación.

Este escándalo saltó a finales de mayo en Sevilla con el cierre sin previo aviso de la clínica iDental en Nervión, dejando a miles de pacientes con tratamientos a medias o sin iniciar; y con obligaciones financieras.