El plazo mínimo de media hora para pedir un Uber o un Cabify que ha solicitado el Ayuntamiento de Sevilla incumple una reciente circular de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Este organismo estableció el pasado 20 de diciembre una serie de criterios dirigidos a los ayuntamientos a la hora de regular el transporte de viajeros, que el Consistorio parece haber desoído.

El primero de ellos dice que "cualquier restricción que se establezca no debe implicar un trato discriminatorio de unos operadores económicos sobre otros, en especial, una diferencia de trato entre el sector el taxi y el servicio de transporte de viajeros con conductor con licencias VTC".

La circular de la Agencia de la Competencia añade que cualquier restricción de este tipo estaría vulnerando dos artículos de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado. Aunque el documento no habla en concreto del plazo para la precontratación, para la patronal de las VTC es evidente que esta medida supone una discriminación con respecto a los taxis.

"Supone la creación de una barrera artificial para limitar el ejercicio de la actividad", explicaron fuentes de la asociación Unauto, que representa a las empresas de vehículos con licencia VTC, que son las que trabajan para compañías como Uber y Cabify. "Es como si un usuario de Netflix tuviera que esperar un tiempo para poder ver una película", indicaron las mismas fuentes.

Como ya han anunciado en Cataluña, el establecimiento de un plazo de media hora para precontratar sus servicios supondría inmediatamente la marcha de estas empresas. Para Unauto, resulta al menos "temerario" que el gobierno local hable ya de estos plazos cuando hay un decreto ley que todavía está en el Congreso en la fase de alegaciones.

Competencia expone una serie de supuestos que serían discriminatorios para los VTC frente a los taxistas, como la prohibición de utilizar carriles especiales o zonas de circulación especial o la limitación en el uso de vías públicas y estacionamiento.

Precisamente este último punto sí fue uno de los acordados entre el Ayuntamiento y los taxistas en la reunión que mantuvieron el pasado martes. Además del plazo de entre 30 y 60 minutos para pedir un Uber o un Cabify, el Consistorio pedirá a la Junta que los coches de estas empresas tengan que volver a su base y no circulen por la vía pública cuando no estén realizando un servicio.

La Agencia de Defensa de la Competencia añade que "no se pueden establecer obstáculos desproporcionados o discriminatorios para el acceso y ejercicio de la actividad del transporte urbano de pasajeros donde operan diversos agentes, dando lugar a un trato asimétrico que discrimine a unos sobre otros".

El trasfondo político que tiene esta guerra del taxi frente a las VTC es evidente. Con el anuncio del plazo mínimo para precontratar VTC, el Ayuntamiento ha puesto la presión sobre la Junta, que este jueves tiene previsto recibir a los taxistas por primera vez desde el cambio de gobierno.