El Vaticano ha condenado al sacerdote del Opus Dei Manuel Cociña y Abella, de 72 años, por unos abusos sexuales ocurridos en el colegio mayor Almonte, situado en la avenida de la Palmera de Sevilla, entre noviembre de 2002 y julio de 2003. Se trata del primer cura numerario de la Obra que es condenado por abusos. Es, además, una persona de cierto peso en el Opus Dei, ya que convivió con el fundador, José María Escrivá de Balaguer.

Según avanzó el periódico Religión Digital, al sacerdote se le ha impuesto durante cinco años la prohibición de predicar, escuchar confesiones y administrar sacramentos y sacramentales, salvo la misa en privado. Cumplido este periodo, su actividad pastoral quedará limitada al ámbito del centro de la Prelatura en el que tiene su domicilio (actualmente en Granada) por otros cinco años. Además, de manera indefinida no podrá prestar atención pastoral a personas menores de 30 años. Se le imponen también unas penitencias para reparar el daño causado.

Sin embargo, la víctima no ha sido resarcida económicamente y ni siquiera ha podido tener una copia de la sentencia. Se trata de un joven que tenía 18 años en el momento de los hechos y que sufrió abusos en al menos siete ocasiones. Cociña cometió con él un delito continuado de solicitación, que consiste en aprovechar la confesión para solicitar una serie de actos impuros. El cura habría practicado tocamientos durante la confesión a la víctima de estos abusos, un joven de 18 años que formaba parte de la Obra desde 1999, y al que le practicaba unos masajes que acababan con tocamientos en los genitales.

Al religioso se le aplica el canon 1387, aunque no se le ha impuesto la condena más dura, que hubiera conllevado su expulsión del sacerdocio y su excomunión. El canon dice lo siguiente: “El sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o pretexto de la misma, solicita al penitente un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo (No cometerás actos impuros), debe ser castigado, según la gravedad del delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones, y en los casos más graves, debe ser expulsado del estado clerical”.

El joven presentó una denuncia en el año 2018, después de la visita del Papa Francisco a Chile, país en el que actualmente reside. A esta denuncia se sumaron otros testimonios de personas que habrían sufrido episodios similares en otras residencias del Opus Dei en España, que la sentencia considera “imprudencias”. En octubre de 2018 se abrió una investigación, cuyos resultados se enviaron en diciembre a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la sección de delitos más graves. A la víctima se le tomó declaración el 11 de octubre de 2018 en la sede de la Prelatura en Santiago de Chile, ante un abogado y un notario.

Después, a finales de noviembre de ese año, el prelado viajó a Granada y se le impusieron a Manuel Cociña unas medidas cautelares. Se le prohibió contactar con menores de 30 años y se restringieron sus actividades pastorales al centro de Granada en el que vive mientras la Santa Sede tomara una decisión.