Consumo retira una veintena de juguetes y disfraces por peligrosos
La mayoría de las alertas activadas en Sevilla con motivo de las fiestas se refieren a artículos que se encuentran a la venta en comercios orientales.
El Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía ha detectado este año 19 productos peligrosos, que ha sido retirados del mercado tras la activación de la red de alerta europea. La mayoría de los productos retirados, el 75%, son juguetes de muy baja calidad cuya manipulación presentaba riesgos para la seguridad de los niños, principalmente peligro de asfixia y de quemaduras. "La mayoría de los juguetes retirados este año han sido peluches y disfraces", explica Antonio Ballesteros, responsable del servicio provincial de Consumo.
Junto a los juguetes, el equipo de inspectores también ha retirado este año una silla plegable de playa -en este caso no se trataba de un producto de origen oriental- cuya incorrecta fabricación representaba un riesgo para los consumidores. "Esta silla no cumplía la normativa europea que regula estos productos. El riesgo que presentaba era la posibilidad de la pérdida de los dedos del consumidor al tratar de plegarla", explica Ballesteros.
Los inspectores han localizado los productos principalmente en bazares o establecimientos de origen oriental. La localización de productos peligrosos es el fruto del trabajo del equipo de inspección del Servicio Provincial de Consumo, que está integrado por siete inspectores. Hasta mediados de este mes, este servicio público ha realizado 80 tomas de muestras, de las cuales 19 se han resuelto en el sistema de alerta. Los artículos peligrosos localizados en Sevilla se han sumado a las casi 1.800 activaciones de alerta que se han registrado en la red europea. "En cada alerta los inspectores realizan una investigación: acuden al mayorista para que todos los comercios que han comprado los productos peligrosos los retiren de sus establecimientos; y comprueban que los artículos son efectivamente retirados del mercado", añade Ballesteros.
Ante el destacable aumento del consumo en estas fechas, especialmente regalos (productos textiles, electrónica, juguetes, etcétera), Antonio Ballesteros incide en el consumo responsable: "En la compra reflexiva es esencial hacer listas de los productos que queremos comprar; pero además, el consumo responsable lo ejercemos cuando acudimos a establecimientos con responsabilidad social y que, por ejemplo, no emplean a niños para fabricar sus productos".
Tras las compras de Navidad, la oficina de Consumo suele recibir un destacable volumen de reclamaciones, a partir de mediados de enero. "Principalmente estas reclamaciones tienen cuatro motivaciones: expectativas defraudadas, publicidad engañosa, problemas en las devoluciones y con las garantías". Para que una reclamación pueda prosperar es requisito indispensable conservar el tique de compra o la factura y, en el caso de publicidad engañosa, es esencial contar con el folleto en el que se expone la oferta presuntamente engañosa. "El afán por ahorrar en las compras puede resultar caro", recuerda Ballesteros.
A la hora de comprar productos de puericultura y juguetes los expertos aconsejan a los consumidores que se abstengan de adquirir productos con etiquetas que no están descritas en castellano; y que siempre comprueben que portan el sello de la CE. "Este sello significa que el producto cumple la normativa europea; que ha sido probado y testado en un laboratorio autorizado, de modo que la seguridad del producto está garantizada", explica Antonio Ballesteros. Pese al esfuerzo del equipo de inspectores, el director provincial de Consumo incide en que "el primer inspector de un producto es el consumidor. Por muchas inspecciones y campañas que se realicen, es necesario recalcar la necesidad del consumo responsable, ya que una parte de la vigilancia de los productos peligrosos recae en los propios consumidores".
Los inspectores que trabajan en la Junta de Andalucía han realizado este año unas 3.700 inspecciones en 22 campañas en Sevilla y la oficina provincial ha recibido 6.800 reclamaciones, una cifra ligeramente superior a las registradas en 2015 cuando llegaron 6.754. Se estima que por cada reclamación que llega a la Oficina Provincial de Consumo unas diez se quedan en el camino o se pierden.
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