Convocada una asamblea general de trabajadores de Mercasevilla ante los "intentos de privatización"

El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla ha convocado para las 12:00 horas de este miércoles una asamblea general de trabajadores del mercado central de abastos.

El motivo de la asamblea es debatir el contenido del último consejo de administración de la compañía, además de actuaciones contra los "intentos de privatización" de esta empresa que afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha informado de que esta convocatoria surge después de que el pasado 21 de diciembre, el consejo de administración de la sociedad debatiese asuntos relacionados con el "plan de saneamiento", encargado a Juan Carlos Recio.

Y es que el mercado central de abastos cerró su último ejercicio con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y afronta el citado pasivo a cuenta del conflicto que rodea al ERE de 2007, de cuya financiación se desliga el Gobierno andaluz con la consecuente paralización de las prejubilaciones de los cerca de 40 empleados acogidos al procedimiento.

Ya mediado el año en curso, los órganos de gobierno de la compañía habían acordado la materialización de una operación 'acordeón' mediante la que los aproximadamente 9,2 millones de euros que figuraban como capital social de la empresa se reducirían a cero, para luego ser ampliado este concepto a 1.285.000 euros mediante aportaciones dinerarias y materiales.

El destino de esta maniobra no fue otro que impedir que la sociedad mixta incurriese en una posible causa de disolución, dado que los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, habrían supuestamente falseado las cuentas mediante unas prácticas que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción número seis.

Mellet y Ponce, de cualquier manera, figuran como imputados en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales que se les atribuye, un posible delito societario y las supuestas irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central.

La amenaza de "privatización" que atisba el comité de empresa del mercado central de abastos deriva de los servicios que la compañía cobra a los mayoristas de pescado por los servicios de transporte, manipulación y colocación del género y en concepto de facturación y cobro.

Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en el caso de la facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre".

Ambos gravámenes, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y una sentencia de la Audiencia Nacional habría confirmado tal extremo.