La comunidad de vecinos formada por 36 familias que han ocupado un edificio vacío en las inmediaciones de San Lázaro, que se autodenomina Corrala Utopía, criticó ayer la "incapacidad" de los servicios sociales para prestar atención a todas las familias que han perdido su hogar y anunció que ya han puesto en conocimiento de los juzgados "hechos que podrían suponer coacciones y amenazas realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla". La delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento, Dolores de Pablo-Blanco, por su parte, contestó a estas críticas y recordó que a los servicios sociales municipales "les corresponde ponerse a disposición de las familias para llegar a conocer las necesidades sociales", pero apuntó que, para ello, los afectados tienen que acudir de forma voluntaria a los servicios sociales municipales.

La coordinadora general de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDH-A), Maribel Mora, el movimiento 15M y el grupo Arquitectura y Compromiso Social entienden que la actuación municipal ha consistido en una "estrategia organizada", al "cortar los suministros que ya existían y que estaban activos" antes de que se realojaran las familias. Estos colectivos apuntaron a las supuestas amenazas del Ayuntamiento al "insinuar a las familias la apertura de procedimientos de protección de menores, que tenían como único fin amedrentar a las familias". Así, advirtieron de que estas acciones pretendían "ocultar la incapacidad de los servicios sociales municipales para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que se derivan de la actual crisis", ya que "no tienen protocolos adecuados y carecen de recursos". También criticaron que desde el Ayuntamiento es "habitual derivar casos urgentes a Cáritas, obviando la responsabilidad pública a la hora de prestar soluciones al ciudadano", mientras que las baremaciones urgentes de vivienda tardan "más de un año" en realizarse. También apuntaron a los "frecuentes desahucios que tienen lugar en Emvisesa", y recordaron que "en toda Sevilla sólo hay una vivienda de EPSA en régimen de alquiler para familias en riesgo de exclusión".

Mora instó a buscar soluciones para estas familias y afirmó que ni el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ni el Ayuntamiento han contestado al requerimiento que les realizó el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, a pesar de que la ley "obliga a todos los poderes públicos a colaborar con éste en sus investigaciones e inspecciones". Desde APDH-A se detalla que en Sevilla 6.000 familias perdieron sus viviendas en los últimos dos años, mientras que 114.000 casas permanecen vacías "sin que se espere que puedan ser vendidas en los próximos años".