Defensa destituye a dos mandos por malversar fondos públicos

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación y ha destituido a dos mandos por presunta malversación de fondos en la residencia universitaria San Hermenegildo de Sevilla, donde los dos investigados eran administrador y jefe de cocina. Fuentes del Ejército de Tierra informaron ayer a Efe de que se ha abierto una investigación interna por las irregularidades administrativas denunciadas y, mientras tanto, los dos oficiales han cesado en sus puestos.

Cuando concluya dicho expediente interno, para el que no hay plazos, "se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con el resultado de dicha investigación", según la fuente. Las presuntas irregularidades se han registrado en la residencia universitaria San Hermenegildo, situada en la avenida de la Borbolla, y fundada en 1958 para alojar a hijos de militares y guardias civiles. Según publicó ayer el diario El País, los oficiales investigados son el comandante A. E. P., ex administrador del centro, y el subteniente F. C. M., ex jefe de cocina.

Explica el periódico que la investigación interna comenzó a raíz de las quejas de los trabajadores y de los 180 universitarios alojados en el centro por el empeoramiento de los servicios de limpieza y comedor, pese a que el precio de la residencia pasó de 100 euros mensuales a 375 y 475 euros. Las habitaciones pasaron de limpiarse una vez al día a hacerlo una vez por semana y también empeoró la calidad de la comida, según denunciaron los estudiantes que residen en este edificio.

Los problemas de gestión se extendieron a las relaciones con los sindicatos, que durante años se negaron a firmar el calendario laboral hasta que en febrero pasado fue relevado el director de la residencia, que también fue denunciado por acoso laboral a una trabajadora ante el Instituto de la Mujer.

Además, el Ministerio de Defensa está investigando la gestión del coronel que estaba al frente de la residencia, que comenzó en 2006 y terminó el pasado mes de enero con su pase a la reserva. Los oficiales destituidos han negado que exista malversación de fondos públicos.