La ordenación del territorio y la política urbanística son desde hace años un caballo de batalla para la Junta de Andalucía, que ha venido aprobando una larga secuencia de leyes, decretos y reglamentos superpuestos entre sí y que han sembrado no poco desconcierto entre ayuntamientos y empresarios. El último aldabonazo ha correspondido al Defensor del Pueblo Andaluz, quien en su informe de 2007, presentado ayer ante el Parlamento, reprocha a la Administración autonómica la ausencia de una "seguridad jurídica" que garantice en determinados casos la aplicación de dichos preceptos legales sin sombras de arbitrariedad.

A modo introductorio, el Defensor subraya la necesidad de fijar una serie de criterios a partir de los cuales se desarrolle la planificación urbanística municipal, algo que, añade, "nos parece imprescindible desde hace años, y así lo venimos demandando" a la Junta de Andalucía.

"Ahora bien", añade el informe, "fijados unos criterios en esa planificación es preciso que se apliquen de manera clara y objetiva para todos los municipios, y que cualquier excepción o criterio interpretativo se establezca en condiciones de igualdad a fin de garantizar la seguridad jurídica y un tratamiento idéntico a la hora de abordar la ordenación territorial en Andalucía y la aprobación de los instrumentos de planeamiento que deben guardar una obligada coherencia con la planificación territorial".

No en vano, la Ley de Ordenación Urbanística ha sido reformada en tres ocasiones en los últimos años y la Ley de Vivivienda Protegida y Suelo fue corregida en el Parlamento de forma simultánea a su publicación en el BOJA. Además, la mayoría de los planes subregionales de ordenación del territorio aún no se han aprobado y muchos de los que lo fueron han debido ser corregidos conforme a la redacción de la norma superior, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), modificado a su vez hace unos meses cuando apenas se había cumplido un año de su entrada en vigor. El círculo se cierra con los PGOU, que se están aprobando a contrarreloj para adaptarse a toda esa maraña normativa, aunque tan sólo uno de cada diez ayuntamientos andaluces ha podido culminar ese proceso de forma satisfactoria.

Este panorama de inseguridad jurídica, denunciado en reiteradas ocasiones con anterioridad por empresarios, ayuntamientos y el propio Defensor, es al que hace de nuevo referencia la oficina que dirige José Chamizo, que a lo largo del año pasado incoó varias quejas de oficio o a instancia de ciudadanos e instituciones.

Una de ellas hacía referencia al proyecto de construcción en la localidad de Pilas de 4.526 viviendas, cifra que supera con creces los límites generales del 40% de incremento del suelo urbanizable y del 30% de la población que establece el POTA hasta el año 2015 con el fin de garantizar la existencia de infraestructuras adecuadas para atender dichos crecimientos. Pilas cuenta con un censo de poco más de 13.000 habitantes y, con la construcción de dichas viviendas, podrá duplicarse con facilidad.

La primera discrepancia del Defensor con la Junta en este caso se produjo "tras recibir el oportuno informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio". Pese a que el POTA fija las citadas limitaciones sin distinguir entre suelos urbanizables sectorizados (sobre los que los promotores pueden actuar de forma inmediata) y no sectorizados (los que están a la espera del detalle en su planeamiento), la Junta dio su visto bueno a las 4.526 viviendas por situarse en suelo no sectorizado.

Ello hizo que el Defensor mostrase su "disconformidad" por cuanto que el criterio de la Junta "en modo alguno está previsto en el art. 45.4.a) del POTA, ya que se habla exclusivamente de suelo urbanizable, sin distinguir entre sectorizado y no sectorizado".

"Nos encontraríamos, por tanto, ante un documento administrativo que vendría a establecer distintos tratamientos del suelo urbanizable, cuando precisamente el propio POTA, que posee carácter normativo, no lo hace", denuncia el Defensor.

El segundo punto de diferencia mostrado por Chamizo con la Junta guarda relación con las llamadas "áreas de oportunidad", zonas no recogidas en la primera versión del POTA y que se incluyeron en el texto como consecuencia de las presiones ejercidas por alcaldes y promotores. Con el argumento de que algunos municipios necesitan superar los límites de crecimiento ya citados, estas áreas se configuran como bolsas extraordinarias de expansión urbana.

El Defensor no pone objeciones a esta figura, pero una vez más exige transparencia a los responsables públicos: "Al haber utilizado el POTA la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, se hace preciso que la declaración de un área de oportunidad vaya presidida con una detallada motivación que la justifique. Como consecuencia de ello y con objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica en todo el territorio de Andalucía, consideramos imprescindible el que toda decisión que se adopte destinada a declarar una zona del territorio de la Comunidad Autónoma como Área de oportunidad, conlleve el que se reflejen y publiquen los motivos que justifican tal declaración".

La conclusión del Defensor es nítida: "En fin, estamos convencidos de la extraordinaria necesidad de que Andalucía cuente con una planificación territorial tanto para toda la Comunidad Autónoma, como a niveles más sectorializados, como es la planificación subregional. Pero consideramos imprescindible que, dados los diversos intereses en juego, los propios criterios del POTA sean respetados o, en otro caso y si se estima que no son adecuados o que poseen una excesiva rigidez en sus previsiones, se modifiquen estos, pero, en todo caso, resulta necesario que el marco territorial sea aplicado desde la diversidad con criterios de igualdad en todo el territorio andaluz".