El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) ha presentado una denuncia contra cuatro altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla por prevaricación y por un delito contra la seguridad vial, por autorizar a los voluntarios de Protección Civil para que ejercieran funciones de regulación del tráfico durante la pasada Semana Santa.

El sindicato mayoritario en la Policía Local entiende que hubo una invasión de competencias de este cuerpo y solicita la declaración como imputados del delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno; el director general de Seguridad del Consistorio, José Antonio de la Rosa; el director general de Movilidad, Miguel Ángel Ruiz Frutos; y el jefe de los servicios operativos de la Policía Local, Gabriel Nevado.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el presidente del Sppme, Manuel Bustelo, expone que durante la Semana Santa, los denunciados "dictaron resoluciones administrativas en virtud de las cuales se ordenó y/o autorizó a los miembros de Protección Civil" a que realizaron funciones de regulación de tráfico en la ciudad. La denuncia cita la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece "el monopolio" de los cuerpos de la Policía Local sobre la dirección del tráfico urbano.

El reglamento general de circulación permite a la "autoridad competente" autorizar al personal de Protección Civil a regular el tráfico, pero "exclusivamente en el caso de ausencia de agentes de la circulación". "En tanto que el Ayuntamiento de Sevilla tiene su propio cuerpo de Policía Local, con una estructura profesional y jerarquizada, organizada por cuadrantes para asegurar que el servicio se presta en todo momento con la calidad requerida por los ciudadanos, debe entenderse que los agentes de la Policía Local siempre estarán presentes en su labor de dirigir el tráfico, no necesitando de auxilio o ayuda de otros colectivos", indica el Sppme en la denuncia.

Los policías locales entienden que concurren las circunstancias para considerar las órdenes dadas por los responsables de la delegación de Movilidad y Seguridad como un delito de prevaricación, puesto que hubo unas resoluciones "injustas" y "dolosas" por parte de estos cuatro altos cargos municipales.

Los denunciantes aportan una serie de pruebas. Entre ellas destacan varias fotografías tomadas entre los días 27 de marzo y 5 de abril y un CD con vídeos de las actuaciones llevadas a cabo por los miembros de Protección Civil. Además, solicitan al juez que requiera al Ayuntamiento de Sevilla para que aporte las resoluciones dictadas, así como un informe interno suscrito por dos agentes en los que se relatan los hechos denunciados.