Derrumbe en Bustos Tavera: La arquitecta dice que era imprevisible y culpa al aparejador

La arquitecta juzgada este viernes por el derrumbe de una fachada en la calle Bustos Tavera de Sevilla, donde murió una joven, ha dicho que el siniestro no era "previsible ni esperado" y ha negado que le correspondiera prever la seguridad de dicho muro, algo de lo que responsabilizó al aparejador imputado.

En el juicio que ha iniciado este viernes el juzgado penal 2 de Sevilla, la arquitecta M.O.S.Y. ha afirmado que el estado de la fachada en sus nueve metros de longitud era "razonablemente bueno", pues no tenía fisuras ni desplomes, las rejas estaban en su sitio, el mortero de los ladrillos estaba en buen estado y en las catas aparecía macizo en su totalidad.

La sorpresa de su declaración se produjo cuando negó ser la responsable de calcular el tipo de andamio que debía colocarse en la fachada para evitar su desplome, algo de lo que culpó al aparejador también imputado, como responsable del Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra.

Atribuyó además la responsabilidad a la empresa suministradora del andamio, ya que "la dirección técnica no es responsable de hacer los cálculos de carga, sino que ese proyecto lo hace el aparejador, que se lo entrega a la empresa constructora y ésta a la empresa suministradora" del andamiaje.

El fiscal del caso, Federico Buero, ha mostrado su sorpresa pues en los varios años que lleva como coordinador de Siniestralidad Laboral en la Fiscalía de Sevilla "veo a todas horas Planes de Seguridad y en ninguno aparecen los andamios", según ha dicho.

A la sesión de este viernes han asistido, visiblemente afectados, los padres de la joven de 25 años que falleció en el siniestro, una estudiante barcelonesa que quedó sepultada por el desplome de seis metros de la fachada de un edificio del siglo XVIII que se estaba rehabilitando para viviendas.

Por el derrumbe, ocurrido el 6 de abril de 1999, la Fiscalía de Sevilla reclama un año de cárcel para dos arquitectas y un aparejador, así como el pago de 120.202 euros de indemnización.

La arquitecta ha asegurado que el objetivo del andamiaje era evitar el vuelco pero no el colapso de la fachada, que fue lo ocurrido, aunque según sus cálculos se trataba de una contingencia que no era "en absoluto previsible ni esperada".

También ha atribuido el siniestro a un fallo "local" en algún punto del muro a la altura del número 35 y 37 de dicha calle, de lo que culpó a las "deficiencias constructivas del siglo XVIII".

En su defensa, ha afirmado que el único defecto que observó, que fue un abombamiento de la fachada a la altura del número 39 de la calle, fue subsanado al eliminar la cubierta que consideraba responsable de dicho empuje.

El juicio ha comenzado con una petición de nulidad de las actuaciones que alegó el abogado de la Comunidad de Bienes formada por los 24 compradores de los futuros pisos por no haber sido notificado de las actuaciones hasta el momento de la apertura de juicio oral, a lo que el juez ha anunciado que responderá en la sentencia.

Hoy también ha declarado el imputado J.L.C.R., administrador de la Comunidad de Bienes, a quien solo imputa la acusación particular, quien ha afirmado que la Gerencia Municipal de Urbanismo les puso "reparos de menor importancia" sin plantear nunca una posible paralización de las obras.

Además, ha asegurado que a raíz del siniestro fueron objeto de sendas inspecciones laborales y fiscales que concluyeron sin ninguna sanción.