La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado, finalmente, el recurso de apelación promovido por las familias que habitan sin relación contractual alguna los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja y conocida como Corrala Utopía, contra el auto del Juzgado de Instrucción número tres que ordena el desalojo forzoso del inmueble a cuenta de la usurpación de las viviendas. 

En un auto fechado este pasado lunes, la sección tercera de la Audiencia Provincial da cuenta del mencionado recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número tres que, merced a las peticiones de la propiedad de las viviendas, ordena el desalojo forzoso de las mismas, toda vez que la juez ha ordenado ya incluso que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "den cumplimiento" al desalojo. 

En su auto, la Audiencia Provincial recuerda que la propiedad de las viviendas "ha solicitado reiteradas veces el desalojo" y que median "claros indicios de un delito de usurpación de un bien inmueble", pues las familias "se encuentran en posesión de unas viviendas sin título alguno y contra la voluntad de su propietaria". "El auto recurrido cumple las exigencias y está debidamente motivado", esgrime la Audiencia, que defiende "la proporcionalidad y finalidad de la medida adoptada" y desestima el recurso de apelación. 

La defensa de las familias, el grupo de juristas independientes 17 de Marzo, ha elevado en consecuencia un escrito al Juzgado de Instrucción número tres, solicitando la suspensión del auto que ordena a las fuerzas de seguridad del Estado que den cumplimiento a la orden de desalojo forzoso, hasta que se resuelva la petición formulada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), para que el auto inicial del desalojo forzoso sea suspendido por posibles vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

"El desalojo de la única vivienda con que cuentan las familias, que se encuentran en situación de exclusión social vistos su falta de trabajo y sus escasos o inexistentes ingresos, les coloca en una situación de mayor riesgo que podría desembocar en situación de calle e indigencia", señala la defensa, que a través de este escrito recogido por Europa Press avisa de la posible "vulneración del derecho a la integridad de las familias, vulneración del derecho a la vida privada y familiar, pérdida brusca del status socio-económico, y en última instancia marginación".