Emasesa está dispuesta a mantener su programa que garantiza el suministro de agua a familias en situación de emergencia social, pero el consejo de administración del lunes analizará una situación preocupante para los rectores de la entidad: se disparan los casos de consumos abusivos en las viviendas que tienen concedida la gratuidad de la factura. La compañía metropolitana considera que es el agua potable es un derecho humano, po r lo que aboga por mantener en 2018 la medida iniciada en 2015 de colaboración con los servicios sociales de los municipios a los que abastece, por el que las familias "sin capacidad de pago del suministro" no se vean privadas de este recurso esencial. Ocurre, como se informa en la documentación que se analizará el lunes, que se observan consumos abusivos "en un elevado porcentaje" superiores a los consumos calificados de eficientes de tres metros cúbicos por habitante y mes. Por esta razón se insiste en que es conveniente promover una campaña de concienciación para la reducción de estos consumos considerados excesivos, para lo cual se trabajará con los servicios sociales, que son los que certifican que una familia merece la gratuidad del suministro. Emasesa plantea activar un sistema de información para alertar a estos usuarios de las situaciones de consumo excesivo, por encima del que se considera como uso sostenible: cien litros por habitante y día. "El objetivo para 2019 es que todos los beneficiarios de esta ayuda realicen un consumo sostenible, un objetivo alineado con las acciones medioambientales".

Los bonos asociales se disparan.

La evolución de los recibos atendidos por el programa de emergencia social demuestra que se han disparado desde que se puso en marcha la medida. El 24% de los recibos que son condonados están muy por encima de las cifras del consumo calificado de eficiente. Estos casos abusivos han psado de ser 260 en 2015 a 3.669 en sólo los ocho primeros meses de 2017.

La Intervención General del Ayuntamiento ya advirtió en su informe de control financiero de Emasesa -correspondiente a 2016- que se habían dejado de ingresar 760.000 euros a lo largo del citado año por la condonación de recibos como consecuencia de la declaración de situaciones de emergencia social. La Intervención, además, insta a computar esta cifra como gasto que debe ser soportado por los respectivos ayuntamientos, "ya que no se corresponden con la actividad propia de prestación del servicio, ni encuentran acomodo en sus estatutos, originando a la sociedad un quebranto económico que ésta no debe asumir y por ello Emasesa deberá establecer procedimientos consensuados con los ayuntamientos de cara a que sean éstos los que asuman ese quebranto económico". En el caso de Sevilla capital, la cantidad que se ha dejado de ingresar por los bonos sociales es de más de 350.000 euros en 2016.

Emasesa mantendrá en cualquier caso su programa de 2015 basado en el siguiente principio: "El agua potable y saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y por tanto fundamentales para la dignidad de toda persona. Las principales causas de falta de acceso a este bien común radican principalmente en la falta de recursos económicos. Acceder al agua es un Derecho Humano básico, que nos obliga a adoptar un compromiso social y gestionar el servicio de agua y saneamiento en Sevilla y su área metropolitana de una forma ética y con garantía de acceso al agua a toda la ciudadanía, en especial, aplicando los principios de solidaridad con aquellas personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social".

El Defensor del Pueblo Andaluz formuló en 2016 una recomendación y varias sugerencias a Emasesa con objeto de que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho humano al agua. Entre otras cuestiones se ha solicitado la debida difusión de las ayudas que existen para el pago de las facturas y el establecimiento de los "adecuados mecanismos de coordinación con los servicios sociales comunitarios".

En lo que respecta al consejo de administración del lunes, la compañía informará de una reducción del agua suministrada del 2% hasta final de agosto con respecto a las mismas fechas del año anterior. La reducción de ingresos en 2017 se ha debido a una menor facturación por disminución de los vertidos contaminantes (800.000 euros menos). El gasto de personal será menor en 2017 por las limitaciones impuestas por el Estado, que afectan a la tasa de reposición. Para 2018 se incrementan los gastos en personal en línea con el marco de negociación con el Gobierno. En el apartado de objetivos para 2018, la compañía sólo incrementará las tarifas de acuerdo con el IPC anual. Se pretende mantener un nivel de calidad que mantenga el grado de satisfacción mostrado por los clientes, que califican los servicios con un 7,9 sobre 10. Y, por supuesto, seguir las indiciaciones de la ONU acerca de que el precio del agua no debe superar el 3% de los ingresos de las unidades familiares con menor poder adquisitivo. En 2018 seguirán los incentivos a la individualización de contadores, para lo cual se creará un fondo social con dos millones de euros, préstamos flexibles a titulares de viviendas con ingresos escasos, etcétera.