Empleados de Roca se manifiestan para impedir la "deslocalización"

Un grupo de trabajadores de Roca se han manifestado este miércoles desde Alcalá de Guadaíra hasta el Parlamento Andaluz para impedir los 177 despidos que tiene previsto la empresa.

Bajo el lema 'Los ERES pueden cambiar, queremos trabajar', estos afectados, con un ERE de extinción de contrato desde el mes de junio, piden que se les mantenga sus empleos aludiendo que la empresa ha conseguido este año 40 millones de euros de beneficio en España.

El despido de más de la mitad de la plantilla de la fábrica que la multinacional tiene en Alcalá de Guadaira (de 300 trabajadores actuales se quedarían sólo con 123) se enmarca dentro de la intención del grupo español de deshacerse de 713 trabajadores en toda España, sumando a estos de Alcalá de Guadaira los empleados de Barcelona y Alcalá de Henares.

“Para nosotros esto es un cierre encubierta, ya que una empresa de las características de la nuestra, que ha tenido hasta 500 personas empleadas, es imposible que siga siendo rentable con sólo 100 trabajadores y los mismos gastos. Realmente lo que buscan es cargarse a la mitad de la plantilla ahora y después bajo la escusa de que la infraestructura ya no es rentable cargase a la otra mitad”, explica uno de los manifestantes que lleva 22 años de antigüedad en la empresa.

Las quejas de los manifestantes se centraban en el intento de Roca de deslocalizar la producción, llevándosela a los países emergentes done la misma tiene ya fábricas como India, Marruecos, Rumanía o Portugal, para ahorrarse el dinero de la mano de obra. A pesar de insistir en que lo único que quieren es “seguir trabajando” ya que la media de edad de la plantilla es de 45 años, una edad complicada para conseguir hacerse un hueco de nuevo en el mercado laboral, estos trabajadores de la porcelana entienden que una última solución podría ser “que las bajas no fueran obligatorias sino voluntarias y éstas sólo se consiguen poniendo dinero sobre la mesa y realizando prejubilaciones”.

Roca manifestó hace ya seis meses que la bajada de producción provocada por la crisis de la construcción en España le había llevado a tomar esta decisión tan drástica. Tras agotar el tiempo máximo de negociación que la ley permite entre una empresa y los sindicatos, éstos presentaron a mediados del mes pasado un acta de desacuerdo en el Ministerio, interponiendo este último un mediador que durante tres días (hoy, mañana y pasado) estará reunido con las partes implicadas con el fin de encontrar una solución.