La sociedad Equipark, concesionaria de varios aparcamientos para residentes en Sevilla proyectados desde 2006 y por los que se cobró a los interesados una fianza de mil euros, que todavía no han podido recuperar, mantiene que es "consciente" de que debe restituir el dinero de las señales y se muestra dispuesta a llevar a cabo este extremo. Eso sí, cuando el Ayuntamiento, a su vez, reintegre a la empresa el dinero invertido para construir aparcamientos en suelos que finalmente no eran válidos, al no ser de titularidad pública. Así lo ha comunicado un representante oficial de la empresa al colectivo de afectados, según confirmó Ángel Naranjo, uno de los portavoces.

El nuevo gobierno del PP está buscando la fórmula legal para requerir a la empresa el pago de dichas fianzas, pero el contrato suscrito con la empresa impide esta medida. El actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, se ha comprometido en varias ocasiones con los vecinos a solucionar este conflicto y ahora es la empresa quien pasa la pelota al tejado del Ayuntamiento. De hecho, algunos afectados y las asociaciones de consumidores ya han señalado al Consistorio como corresponsable en este asunto.

Mientras se desbloquea el tema, el portavoz de los afectados recordó que el comienzo de las obras en el aparcamiento de la p laza Rafael Salgado, en Bami, debería empezar a generar ingresos una vez que los usuarios comiencen a formalizar sus plazas, dinero que la empresa adjudicataria se embolsará y, según los vecinos, permitirá iniciar la devolución de las reservas a quienes así lo requieran.

Ya en el anterior mandato, la delegación municipal de Movilidad suscribió un acuerdo con Equipark para devolver el dinero entregado en los parkings que, finalmente, no se podían construir por un fallo del propio Ayuntamiento, que destinó para ello suelos donde no se podía construir este tipo de equipamientos. Lo acordado fue devolver el dinero en 45 días. Pero, a día de hoy, la actual delegación de Movilidad ya ha señalado en un informe que ese extremo "no es una obligación impuesta" ni en la normativa contractual ni en los pliegos administrativos aprobados, por lo que el vecino que quiera recuperar su dinero debería acudir a los tribunales para pleitear con la empresa.

Esta solución fue calificada por Zoido como "insatisfactoria" y, por ello, garantizó a los afectados que seguirá buscando alternativas, algo que no es nada fácil pues existen impedimentos legales insalvables.