Facua-Consumidores en Acción insta a los ayuntamientos a que hagan públicos los resultados de las inspecciones que realicen a la hostelería y a las salas de fiesta -discotecas, bares, restaurantes, etc.-, de manera que sean accesibles para el conjunto de la ciudadanía, ha informado este viernes la asociación de consumidores. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla ha sido uno de los primeros en anunciar estas inspecciones, tal y como adelantó este periódico.

Tras el incendio en dos discotecas de Murcia, Teatre y Fonda Milagros, el pasado domingo 1 de octubre en el que fallecieron trece personas, a los pocos días trascendió que sobre las salas pesaban dos ordenes de cierre desde el año 2022, que no se habían ejecutado.

Desde entonces, tanto el propio Ayuntamiento de Murcia como consistorios de otros municipios han empezado a anunciar que van a realizar nuevas inspecciones e investigar si existen establecimientos de hostelería o fiesta que permanecen abiertos sin licencia o pese a tener orden de cierre. El mismo consistorio murciano ha señalado que tienen más locales con órdenes de cierre, y va a comenzar a revisarlos para ejecutar su cierre.

En este sentido, Facua señala que los ayuntamientos no son transparentes con respecto a las actuaciones que llevan a cabo y el estado en el que se encuentran, impidiendo a la ciudadanía conocer si sobre el establecimiento al que acuden pesa alguna sanción por irregularidades o incluso si permanecen abiertas pese a que no deberían por haberse decretado su cierre.

La asociación incide en la necesidad de que las webs municipales den toda la información sobre los negocios inspeccionados, las irregularidades que han detectado, las multas impuestas por dichas infracciones y las posibles órdenes de cierre.

Ley de Transparencia

Facua indica que la propia Ley de Transparencia obliga a las administraciones públicas a funcionar de manera abierta y poner en conocimiento de la ciudadanía diferente información sobre su funcionamiento, entre la que se incluye aquella relacionada con sus actuaciones de planificación. Dentro de estas actuaciones se encuentran los planes de inspección -ya sean programados o de oficio ante situaciones puntuales.

Así, la asociación exige que dentro de este marco, los municipios hagan públicos los planes de inspección en los distintos ámbitos, y especialmente en aquellos que tenían relación directa con servicios de uso común y que puedan presentar riesgos: comercio, hostelería, etc. Esta información, además, debería ser detallada, con los datos concretos de los establecimientos que han sido objeto de dichas inspecciones y los resultados que se han obtenido.

Facua advierte de que, de esta forma, los consumidores pueden saber con detalle si el establecimiento al que han acudido cumple con la normativa, disminuyendo los riesgos que pueden correr de acudir a un local que no esté en condiciones pero siga prestando el servicio, lo que entronca directamente con la normativa de defensa de los consumidores, que configura como derecho básico la obtención de información correcta y completa de los servicios y bienes puestos a su disposición, para garantizar que tienen el conocimiento suficiente para poder consumirlos y disfrutarlo correctamente y en condiciones adecuadas, y poder tomar decisiones informadas.