La Fiscalía de Sevilla pide la imputación de 21 personas por el caso Marismas

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla la imputación de 21 personas en relación con las irregularidades en los procedimientos de contratación para la adjudicación de obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en el año 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos. Entre las personas que se ha solicitado la imputación se encuentran cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura, un técnico de este mismo departamento, así como ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes y el resto son representantes de las UTE que intervinieron en el concurso.

Según ha informado este miércoles la Fiscalía, los cinco ex altos cargos imputados son Francisco Ruiz Orta, director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura; Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la delegación provincial de Agricultura y componente de la mesa de contratación; Manuel Antonio Cruz-Guzmán López, jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la delegación provincial de Agricultura; Julián Martín Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural, y Tonmás Martínez Jiménez, director general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura.

El Ministerio Público considera que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público (del artículo 390 del Código Penal), delitos de prevaricación (artículo 404) y malversación de caudales públicos (artículo 432.1 y 2).

La subvención fue concedida por la Junta y cofinanciada por el Feoga-Orientación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) realizó un informe en el que detectó "graves" irregularidades en la adjudicación de las obras, un informe efectuado tras la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia interpuesta por el presidente de la comunidad de regantes.

Además de estas 21 imputaciones, la Fiscalía ha pedido la imputación de las "personas físicas que a la fecha de estos hechos, según se desprenda de las correspondientes certificaciones registrales, hubieren ocupado el cargo de administrador de las uniones temporales de empresa Teconsa/Elecnor/Meci/Tecner, Befesa/Alpi y Construcción, así como quienes hayan ocupado tal puesto en las empresas que constituían las UTE”, precisa la Fiscalía en un escrito remitido este miércoles al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

En su informe final, la OLAF consideró que existían "indicios para pensar que se han cometido delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea", precisando que las irregularidades detectadas "tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias del contrato" para la construcción de nuevas canalizaciones en la Marisma.

La Fiscalía de Sevilla avala ahora estas sospechas y en el escrito remitido al juzgado considera que hay que "avanzar" en la investigación para concretar los hechos y la imputación de las personas que pudieran ser responsables. El Ministerio Público señala que debe investigarse si tras la resolución de concesión de la subvención por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de 13 de octubre de 2004, que aprobó el proyecto de modernización presentado por la CRMG con un presupuesto total de inversión de 66,6 millones (de los que se concedieron 40,1 millones), la Comisión de Regantes Marismas del Guadalquivir "cumplió con los requisitos establecidos en la propia resolución". También cree que debe investigarse el "irregular procedimiento de adjudicación de las obras" y el pago de la primera certificación por unas obras que “no se habían ejecutado".

Dice el fiscal que la CRMG no llegó a celebrar junta o asamblea general para aceptar la subvención, en contra de lo que establecía la resolución de concesión, y tampoco contaba con "disponibilidad de medios financieros correspondientes" al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones. Para el Ministerio fiscal, una vez advertido el incumplimiento de esos requisitos, los responsables públicos no comunicaron estas irregularidades, y por su parte los responsables de la CRMG extendieron una certificación en la que se "certificaba falazmente que el 10 de noviembre de 2004 se había celebrado una asamblea general extraordinaria" en la que se aceptó la ayuda.

La CRMG convocó el concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación de las obras del "proyecto de modernización de la zona regable de Las Marismas del Guadalquivir" y el comité de evaluación, "faltando absolutamente a las reglas establecidas" en la resolución de la propia CRMG de 10 de agosto de 2004 y en el pliego de condiciones particulares, “utilizaron criterios distintos a los ahí establecidos para la valoración de las ofertas económicas y técnicas".

La Fiscalía añade que el resultado final de esa "irregular forma" de puntuar las ofertas fue que los licitadores que habían presentado las tres mejores ofertas económicas –Dragados, OHL/Tecniriego y Sacyr SAU/Meridional de Aguas- quedaron en las posiciones 11, 12 y 14, respectivamente, lo que permitió que las Uniones Temporales de Empresa Befesa/Alpi y Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnr quedaran colocadas dentro de los cinco primeros puestos, “pese a que sus ofertas económicas no se lo hubieran permitido”.

La junta rectora de la CRMG acordó la revocación de la primera pre-adjudicación realizada a favor de Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnero, por lo que "sabedores" de esta decisión, los representantes de Meci Works y Tegner firmaron un acuerdo con los representantes de Befesa /Alpi para que, en caso de que esta segunda UTE fuera la adjudicataria, "aquellas participaron también del negocio mediante la creación de una tercera UTE", denominada “Construcción”, lo que suponía que pese a que la adjudicataria forma de la obra era la UTE Befesa/Alpi, la “adjudicataria real y auténtica beneficiaria de los pingües beneficios que iba a reportar la obra de modernización era la UTE Construcción".

Posteriormente, la UTE a la que fue revocara la primera pre-adjudicación pactó con el gerente –ya fallecido- de la CRMG y con el presidente, Diego García Santos, una indemnización por los perjuicios derivados de esa revocación, que se cifró en 285.480 euros, sin que las empresas "hubieran justificado haber incurrido en gastos durante el proceso de pre-adjudicación".

El contrato entre la CRMG y la UTE Befesa/Alpi se suscribió el 20 de octubre de 2005 y hasta el 23 de noviembre de ese mismo año no se procedió al inicio de la obra necesaria para la ejecución del proyecto. "Pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello" el inspector facultativo Manuel Antonio Cruz-Guzmán López; el presidente de la CRMG, Diego García Santos, el director de obra, Manuel Vázquez Segovia; y Manuel Gámez Sánchez, representante de la UTE adjudicataria, todas estas personas participaron en la elaboración de una "certificación absolutamente inveraz, según la cual se certificaba que a fecha 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4.245.826,56 euros, a pesar de que ello no era cierto".