La Fiscalía pide archivar las facturas falsas tras prescribir los delitos

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado el "archivo definitivo" del caso de las facturas falsas denunciado hace seis años en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad, al estimar que el delito de falsedad documental que se atribuye a los cinco procesados está prescrito por el tiempo transcurrido desde que se denunciaron las irregularidades.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que inició la investigación en el año 2006, la fiscal del caso considera que con la nueva redacción del artículo 132 del Código Penal, el delito ha prescrito por cuanto la denuncia fue presentada por el PP el 11 de septiembre de 2006 y no es hasta el 10 de julio de 2007, es decir, más de diez meses después, cuando se cita a declarar a la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado. El artículo 132.2 establece un plazo máximo de seis meses durante el cual se suspende el cómputo de la prescripción, a contar desde la fecha de la denuncia, para que el instructor dicte una resolución motivada en la que se atribuya a los imputados la presunta participación en los hechos.

En "todas las declaraciones de los imputados" no se ha cumplido el plazo y el auto de procesamiento se dictó con fecha 6 de septiembre de 2010, por lo que a juicio del Ministerio Público debe estimarse parcialmente el recurso de apelación presentado por las defensas y proceder al sobreseimiento definitivo de las actuaciones.

El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno Campoy, dictó en febrero pasado un auto en el que volvió a exculpar de cualquier responsabilidad penal a los dos estrechos colaboradores del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín: el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo. En el auto también fue exculpada la ex trabajadora de Unidad Susana Delgado. Tras esta resolución, el instructor decidió procesar a la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado, que fue directora de la Federación entre junio de 2003 y 2006; a su marido, Ángel Cervera Grajera, que trabajó como asesor del Ayuntamiento y de la Diputación; a la ex trabajadora de Unidad que realizaba funciones de contabilidad Josefa Prado; al gerente de Copyur, Juan González, y a la contable Carmen Martín. El juez detectó irregularidades delictivas en cuatro facturas, una de las cuales fue emitida por el quiosco que regentaba la madre de Ángel Cervera, cuando ésta había ya fallecido.

El caso está actualmente pendiente de un recurso de apelación presentado por las defensas en la Audiencia Provincial de Sevilla, ante la que han alegado precisamente la prescripción de los delitos. La acusación particular que ejerce el Partido Popular rechaza la posible prescripción del delito y espera que así lo confirme la Audiencia de Sevilla.