El juez exculpa del caso Unidad a dos colaboradores de Monteseirín

El juez ha cerrado la investigación de las facturas falsas detectadas en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad, con un auto en el que vuelve a exculpar de cualquier responsabilidad penal a dos estrechos colaboradores del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. El nuevo auto, que se produce después de casi cinco años de instrucción, acuerda el archivo de la causa contra el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo. También ha sido exculpada la ex trabajadora de Unidad Susana Delgado. El titular del juzgado de Instrucción número 14, Manuel Centeno Campoy, ha procesado finalmente a cinco personas y sólo por un delito continuado de falsedad documental, ya que el instructor entiende que no ha quedado acreditado que los hechos investigados puedan ser constitutivos de un delito de fraude de subvenciones.

El juez ha decidido finalmente procesar a la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado, que fue directora de la Federación entre junio de 2003 y 2006; a su marido, Ángel Cervera Grajera, que trabajó como asesor del Ayuntamiento y de la Diputación; a la ex trabajadora de Unidad que realizaba funciones de contabilidad Josefa Prado; al gerente de Copyur Juan González y a la contable Carmen Martín.

El instructor atribuye a los imputados un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392 y 390.1.2 del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años de cárcel, y multa de seis a doce meses.

El auto señala que de la investigación ha quedado acreditado indiciariamente que entre 2000 y 2006 Unidad fue beneficiaria de "numerosas subvenciones" del Ayuntamiento y de la Diputación, pero sólo detecta irregularidades delictivas en cuatro facturas, una de las cuales -de 1.455,66 euros- fue emitida por el quiosco que regentaba la madre de Ángel Cervera cuando ésta ya había fallecido y que fue presentada por Ángeles Nevado ante la Diputación, obteniendo un "ilícito beneficio".

Dice el instructor que otra factura emitida por Copyur -la número 5082/03- fue "utilizada" por Unidad para justificar "por duplicado y de forma fraudulenta" subvenciones distintas ante el Ayuntamiento y la Diputación. El juez, siguiendo el criterio de la fiscal, declara prescritas las irregularidades relacionadas con las facturas correspondientes al año 2002, y concluye que no se puede hacer en este procedimiento "una investigación general o universal de las relaciones entre el Ayuntamiento de Sevilla y la asociación denunciada", ya que este procedimiento se instruyó "por unos hechos y delitos concretos que son los que se han investigado, no pudiéndose ampliar dicha investigación con carácter genérico".