El juicio de Mercasevilla

La Fiscalía defiende que ninguna parte planteó la supuesta parcialidad de la juez Alaya

  • El Ministerio Público se opone a todas las cuestiones previas y pide a la juez que continúe con el juicio.

Mellet, durante la sesión inicial del juicio. Mellet, durante la sesión inicial del juicio.

Mellet, durante la sesión inicial del juicio. / EFE

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El fiscal defiende la actuación de Alaya en la instrucción de la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla. La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto este jueves a todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los diez acusados en la causa por el supuesto fraude en la adjudicación del concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla y ha pedido a la juez de lo Penal número 13 que continúe el juicio. En su exposición, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha defendido que ninguna parte planteó "en esta causa" la supuesta ausencia de imparcialidad de la juez que instruyó el procedimiento, Mercedes Alaya, por el hecho de que su marido había sido auditor de cuentas de Mercasevilla años atrás.

El representante del Ministerio Público ha dicho que esta cuestión "no es nueva" y ha recordado que en su momento se planteó por una de las defensas la recusación de la magistrada con el apoyo de la Fiscalía, que se adhirió a uno de los motivos, pero ha precisado que este incidente se planteó en la causa por el delito societario que se atribuía a los directivos de la lonja pero no en esta causa en la que se investiga el concurso para la venta de los suelos.

El fiscal ha insistido en que en este procedimiento "ninguna defensa ha planteado nunca" que la juez tuviera que abstenerse ni planteó recusación alguna, ni que "ninguna de las actuaciones procesales refrendadas mediante auto o providencia tuviera visos de parcialidad alguna", por lo que entiende que la cuestión previa debe rechazarse.

La Fiscalía también ha combatido las alegaciones de que este juicio es "cosa juzgada" porque otro juzgado distinto al de Mercedes Alaya, en concreto el juzgado de Instrucción número 10, había investigado y archivado la denuncia de la empresa Larena 98, que poseía un derecho de superficie en Mercasevilla, y que planteó que se había favorecido supuestamente a Sando en el concurso público para la venta de los suelos.

A este respecto, el Ministerio Público ha señalado que la juez Alaya realizó en agosto de 2009 una consulta sobre la competencia para investigar la causa ante el decanato de los juzgados y fue resuelto permitiendo la continuación de la instrucción. El fiscal ha dicho que todas las partes tuvieron entonces conocimiento de ese resultado pero ninguna impugnó la competencia de Alaya y ha añadido que el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla no contaba en su investigación "con el abundante caudal documental" que si había en el juzgado de Instrucción número 6.

Sobre la supuesta indefensión por la aportación en el año 2012 de 2.000 folios de documentos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director de Mercasevilla Manuel Blanco Montenegro, el fiscal ha destacado que el directivo compareció "a petición" de los agentes y ha concluido que las defensas tuvieron conocimiento de los hechos, por lo que no hubo "ocultamiento ni indefensión". Y ha rechazado igualmente la alegación de una de las defensas respecto a que en un "aquí te pillo y aquí te mato" se dictó tras recibir esa documentación el auto de procedimiento abreviado, lo que les causó indefensión y les impidió proponer nuevas pruebas.

La Fiscalía también ha defendido el carácter de funcionario público del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, por cuanto esta cuestión ya fue abordada en el anterior juicio por el cohecho relacionado con el intento de extorsión a dos hosteleros, y ha recordado que tanto la Audiencia de Sevilla, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo avalaron que Mercasevilla es una empresa mixta pública local, que ejerce una "indudable función pública, con capital mayoritariamente público", dado que el Consistorio posee el 51% del capital social, y por tanto Fernando Mellet debe ser considerado funcionario público a efectos penales.

El Ministerio Fiscal ha rechazado igualmente que se hayan producido dilaciones indebidas en esta causa, que comenzó a investigarse en 2009, y por último ha admitido que el delito societario que atribuye una de las acusaciones particulares al ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos podría estar prescrito.

Por su parte, la asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, que ejerce la acusación particular también se ha opuesto a todas las cuestiones previas y ha señalado que no hay "cosa juzgada" porque la investigación del juzgado de Instrucción número 10 acabó con el dictado de un "sobreseimiento provisional, no con una sentencia", lo que bastaría para desestimar esa alegación, según ha explicado el abogado de los Mayoristas, Miguel Salas.

El letrado ha insistido en que la denuncia de Larena 98 ni siquiera incluía una calificación jurídica de lo hechos, sino que era una denuncia "prospectiva, amplísima y universal" de la que no había "forma de enterarse sobre qué era lo que se denunciaba" y que trajo consigo el archivo de la misma. Salas, que precisó que ninguna defensa solicitó la "acumulación" de esas dos denuncias, ha defendido el ejercicio de la acusación particular por parte de la asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, al afirmar que detrás de esta acusación “no hay interés político ni mediático", sino un centenar de empresarios en defensa de la actividad económica de una sociedad en concurso.

Los abogados de Mercasevilla también se han opuesto a las cuestiones previas, al adherirse a la postura planteada por la Fiscalía de Sevilla. El letrado Jaime García-Quílez ha defendido la aportación de documentación en el año 2012 por el director de la empresa Manuel Blanco Montenegro, quien estuvo acompañado por la "letrada de Mercasevilla, no la letrada del PP", replicó ante el alegato de una de las defensas.

Llamada de atención a Mellet por usa el móvil

La anécdota de esta segunda sesión del juicio se produjo cuando la juez Yolanda Sánchez Gucema llamó a la atención al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por utilizar el teléfono móvil. "Seamos respetuosos. Lleva todo el tiempo con el móvil y no consigo concentrarme", le espetó la juez.

El juicio continuará el próximo martes, cuando la juez resuelva sobre la media docena de cuestiones previas planteadas por las defensas y, en caso de rechazarlas, comenzaría el interrogatorio de los acusados, que se iniciaría con Fernando Mellet, el ex concejal socialista Gonzalo Crespo y a continuación el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.

La juez ha reorganizado el calendario de las sesiones de una vista oral que, en principio, podría acabar a mediados de marzo.

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