La Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 19, en el que solicita el archivo de la denuncia contra el ex jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), el inspector jefe Francisco T. P., y contra dos jefes de grupo de la misma unidad, al descartar que retrasaran durante una semana la comunicación al juzgado de la sustracción de los 150 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante y todo ello con la intención de tratar de impedir que el robo se conociera y ocultaran evidencias.

"Tampoco hay pruebas ni indicios suficientes de que la actuación de alguno de los funcionarios imputados tuviera por finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que en definitiva se siguieron", concluye el fiscal en su dictamen.

El Ministerio Público comienza su análisis de los hechos afirmando que "si bien en principio hubo sospechas y algún indicio" de que eso pudiera haber ocurrido, con lo que los agentes habrían cometido un delito de omisión del deber de perseguir delitos, una vez "agotadas todas las vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos suficientemente razonables para mantener una acusación en este sentido".

El escrito del fiscal Antidroga de Sevilla, Alfonso Demetrio Sánchez, sí que pone de manifiesto que la investigación ha puesto de relieve "las deficiencias del lugar dónde se almacenaba y custodiaba la droga aprehendida por la Policía, no sólo por las dificultades de almacenamiento que presentaba el lugar, sino por los escasos medios de seguridad que tenía". Pero estas circunstancias, aclara el fiscal, "podrán dar lugar a una responsabilidad administrativa, pero no de carácter penal".

La Fiscalía relata que los hechos investigados se remontan a la petición que el propio Ministerio Público realizó el 23 de mayo de 2008 al juzgado para que se practicada un segundo análisis de una sustancia intervenida en una operación en el área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. La juez contactó con uno de los policías que estaban imputados, el jefe del grupo II de la Udyco, José R. G., para comprobar si ya se había destruido la droga, informando de que la sustancia no había sido destruida y se hallaba en las dependencias policiales.

La droga fue llevada el 5 de junio al área de Sanidad y, al abrir el paquete, se comprobó que había sólo cinco paquetes -debían de ser seis- y el aspecto y color de la sustancia no era el mismo que la cocaína que había sido intervenida, ya que los análisis pusieron de manifiesto que sólo uno de los paquete llebaba trazas pero de heroína.

Ese mismo día, el jefe del grupo II, continúa el fiscal, llamó por teléfono al juzgado para solicitar autorización para la destrucción del alijo y aunque esto pudiera considerarse un indicio de que "quería hacer desaparecer la prueba de que la cocaína había sido sustituida por otra sustancia, tal indicio no tiene suficiente consistencia para mantener una acusación". Así, el fiscal recuerda que el funcionario dio una explicación sobre su forma de actuar, "achacando a los nervios del momento no haberse expresado con perfecta claridad", pues acaban de descubrir que el paquete que llevaron no contenía la cocaína, pues la destrucción que solicitaba era la del verdadero alijo que creía podría localizar en el depósito y trasladarlo a Sanidad para un nuevo análisis.

Tras descubrirse que en realidad no era cocaína, comenzaron una serie de gestiones para averiguar "si se había producido algún error en la cadena de custodia o en el almacenaje de la sustancia intervenida", por lo que el 11 de junio se reunieron los responsables de los distintos grupos de la Udyco y otros funcionarios de Policía Científica. Una vez descartado el error en la toma de muestras, la recogida, el traslado a Sanidad y en el lugar de depósito, el 12 de junio -una semana después de que conocieran la desaparición-,  el entonces jefe de la Udyco y el jefe del grupo II se personaron en el juzgado informando a la instructora de lo ocurrido en el almacén de drogas de la jefatura.

El tiempo transcurrido desde que los funcionarios tienen "la certeza" de que no ha habido un error en la etiqueta o almacenaje de la droga hasta la comunicación al juzgado de la desaparición "no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron los funcionarios para averiguar lo ocurrido". Y tampoco hay pruebas ni indicios suficientes de que la actuación de alguno de los funcionarios imputados "tuviera por finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que en definitiva se siguieron".

El antiguo calabozo donde se guardaban las sustancias intervenidas tenía cuatro llaves, dos de las cuales -de la entrada a la zona donde se ubican los calabozos y la primera de las puertas del mismo- estaban a disposición de "múltiples personas", no sólo de los miembros de la Udyco, y las otras dos eran las de sendos candados de las últimas puertas de entrada. El juego completo de llaves sólo lo tenía el inspector jefe Francisco T. P.

En el interior de una de las cerraduras de acceso a los calabozos se encontró un pequeño trozo de cinta de embalar, pero según la Fiscalía "no se ha podido acreditar quién la puso allí, ni con qué finalidad, pues no ha quedado suficientemente probado que aquel pequeño trozo impidiera el funcionamiento de la cerradura, de la que, por otra parte, existiría más de una llave".

El Ministerio Público advierte de que "no se ha llegado a ninguna conclusión fiable en relación con estos hechos, pues no se ha aclarado quién pudo poner el trozo de cinta -que pudo ser colocado con la puerta abierta o cerrada-, tampoco se ha concretado cuándo fue colocado, ni que realmente esa supuesta manipulación impidiera el juego de la llave".

Sobre los perfiles genético de los imputados entre los paquetes almacenados, tampoco se considera un indicio suficiente, dado que aparecieron perfiles de otras personas que teóricamente no debían haber tocado esos paquetes.

Por todo ello, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra el ex jefe de la Udyco Francisco T. P. y los jefes de grupo José R. G. y Víctor O. F., al considerar que de todo lo actuado "no resultan motivos suficientes para estimar justificada la perpetración de un delito de omisión del deber de perseguir delitos".

La Audiencia de Sevilla ya absolvió, en julio de 2011, al inspector jefe Francisco T. P. de otro delito de omisión de perseguir delitos por favorecer a un clan de narcotraficantes conocido como Los Barriga. La sentencia fue rotunda al afirmar que no existía la menor prueba de que el ex responsable de la Udyco hubiese cometido ningún delito.