La Fiscalía ha solicitado una prórroga de otros nueve meses en la instrucción del caso de los seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena imputados por cohecho, hurto y falsedad documental. La investigación se prolonga ya más de treinta meses y los agentes llevan suspendidos de empleo y sueldo los últimos 27. Se les acusa de apropiarse de 17.000 euros y tabaco durante el registro de una tienda de alimentación de la ronda de Pío XII, ocurrido el 19 de mayo de 2015.

La pareja que regenta el local los denunció tras el registro y aportó un vídeo de las cámaras de seguridad que estaba editado. Este vídeo es la principal prueba de cargo contra los policías, que, sin embargo, han solicitado que se pueda ver el vídeo completo y no la versión cortada que aportó la pareja denunciante. Pero todavía, treinta meses después del registro, el vídeo original no ha podido extraerse. Durante este periodo, el disco duro que lo contiene ha sido enviado a las unidades informáticas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Sevilla como de Madrid, sin que ninguno de los especialistas pudieran sacar el vídeo original.

La grabación que consta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla fue llevada a la sede de la UCOT (Unidad de Coordinación Operativa Territorial, que en Sevilla ejerce la función de Asuntos Internos) por la propia pareja que regenta el negocio, en compañía de un inspector de la Brigada de Extranjería a quien conocían de años atrás. El vídeo había sido extraído por un informático magrebí amigo de la pareja. Para las defensas de los imputados, lo correcto habría sido que los agentes de Asuntos Internos se hubieran personado en la tienda y, en presencia de los propietarios, extrajeran la grabación original. De esta forma, el vídeo no se habría editado y no se habría roto la cadena de custodia.

Los policías imputados solicitaron por primera vez que se pudiera ver el vídeo original en junio de 2015. Sin embargo, el disco duro no fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 1 hasta enero de 2016. En agosto de 2015, tres meses después del registro, la Dirección General de Policía decidió suspender de empleo y sueldo a los policías, que tienen una orden de alejamiento de la pareja denunciante. Los agentes también han pedido que se levante esta medida cautelar, que entienden que les permitiría poder reincorporarse al servicio activo. La investigación del caso está totalmente estancada a la espera de que se pueda extraer el vídeo.