No sólo son proyectos urbanísticos. La falta de colaboración de la Junta de Andalucía en materia de empleo y asuntos sociales obliga al Ayuntamiento a multiplicar esfuerzos presupuestarios en temas que son clave para la ciudad. Entre ellos, la atención a los dependientes y algunas de las pocas acciones que, por competencia, puede hacer en materia de empleo.

Así, la Junta ha suspendido su aportación al programa de Agentes Locales para la Promoción del Empleo, una subvención que recibía el Ayuntamiento de Sevilla para hacer contratos temporales. Según el convenio, la Junta aportaba el 70% de las ayudas a modo de liquidación, pero, cuando el gobierno local ha hecho las cuentas, se ha desvelado que en un año ha puesto el 58% del dinero: 366.887 euros de un total de 633.780. Y ahora que la Junta ha decidido no continuar y ha cancelado los contratos con los trabajadores, el Ayuntamiento ha optado por mantener un servicio a emprendedores que se prestará con personal propio centralizado en el Edificio Crea. Además, proporcionará una plataforma on line para dar apoyo a los empresarios y atender a unas 1.800 personas.

Hay otro programa en el que colaboran ambas administraciones, el de tratamiento para familias con menores en situación de riesgo, que se ha ido prorrogando desde 2005 para contratar a 21 profesionales. Este año la Junta ha recortado un 8,15% su aportación, pero el Ayuntamiento, que en este caso aporta la mitad, la mantiene.

Pero, sin duda, el peor lastre para las arcas municipales es la deuda contraída en la ayuda a domicilio. Al mes, el gobierno local factura 1,7 millones por el plan de dependencia, una cantidad que paga en solitario y que anticipa en su totalidad para que las empresas que prestan los servicios puedan abonar afrontar las nóminas de 1.500 trabajadores. Además, aporta cada mes 363.780 euros porque el coste real de estos servicios siempre excede, por nocturnidades o festivos, los 13 euros por horas estipulados y la diferencia tampoco es abonada por la Junta. En el segundo semestre del año, el total pendiente de pago ascendía a 11,5 millones por este concepto. Y la deuda global era de más de 18,5 millones, si bien la Junta sólo ha reconocido siete.