Ordenanza antivandálica

'Gorrillas', un negocio que elude la ley

  • La ordenanza municipal contra los aparcacoches ilegales, que aprobó el gobierno de Monteseirín hace 10 años, sigue a día de hoy sin efecto

Un 'gorrilla' en el barrio de Bami, uno de los más afectados por este problema. Un 'gorrilla' en el barrio de Bami, uno de los más afectados por este problema.

Un 'gorrilla' en el barrio de Bami, uno de los más afectados por este problema. / Juan Carlos Muñoz

¿Por qué no se acaba con los gorrillas en Sevilla si existe una ordenanza municipal que regula esta práctica ilegal desde 2008? Es esta una pregunta que se hará a diario cualquier usuario de coche privado en la capital y que, pese a la existencia de una ordenanza municipal concreta para su regulación, sigue sufriendo coacciones y temeridad por parte de estos individuos al aparcar sus coches en determinadas zonas de la ciudad.

¿Es la base del problema que los sevillanos les siguen dando dinero por aparcar por temor o para evitar una discusión? Sea como sea la cuestión es que todas y cada una de las campañas que el Ayuntamiento ha emprendido contra los gorrillas a lo largo de la historia reciente han fracasado.

En diciembre de 2008 entró en vigor la ordenanza antivandálica, según la cual los gorrillas serían sancionados por una práctica ilegal que ya acumulaba multitud de quejas vecinales. La normativa municipal, que se anunciaba con "medidas para el fomento y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos", fue aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla en un Pleno celebrado el mes de junio, durante el gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Para su aplicación, se impartieron acciones de formación policial y la  se anunció que se garantizaría la permuta de sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad, porque la norma se concebía "más que desde un punto de vista exclusivamente sancionador, asumiendo la realidad de la transgresión y del comportamiento incívico".

No obstante, en el décimo aniversario de este ordenanza la realidad no ha cambiado nada y las pocas multas impuestas, e incluso algunas detenciones, no han solucionado el problema. Los gorrillas siguen siendo uno de los principales quejas de la ciudadanía, sobre todo en la zona de Nervión, las inmediaciones de los dos hospitales de la ciudad, en Bami en el caso del Virgen del Rocío, y en Doctor Fedriani y los barrios situados junto al Hospital Virgen Macarena. 

Pero hay muchas más zonas que sufren este problema, el Partido Popular ha hecho público un mapa de zonas afectadas en la actualidad en el que señala que son 77 los puntos críticos de la ciudad donde los aparcacoches ilegales ejercen la actividad "con impunidad, bajo la coacción, en numerosos casos, a los propios vecinos". Así lo han denunciado los populares tras mantener diferentes sesiones de trabajo con asociaciones, colectivos vecinales y otras entidades de los distintos distritos.

¿En qué consiste la ordenanza 'antigorrillas'?

La Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos, más conocida como Ordenanza Antivandálica, castiga con 120 euros de multa la práctica de exigir dinero a cambio de indicar un lugar para aparcar. La Policía Local es la encargada de aplicar esta normativa, sin embargo no suele intervenir de oficio, sino que lo hace cuando recibe una llamada de algún ciudadano que comunica la presencia de uno de estos aparcacoches. Todos estos avisos se canalizan a través del teléfono de emergencias 112.

Sin embargo, la ordenanza va perdiendo efecto por el hecho de que la mayoría de estos individuos carecen de domicilio fijo. Son personas que duermen generalmente en la calle. De ahí que las multas se tramiten, pero resulte imposible luego notificarlas o entregarlas a los gorrillas en mano. En los casos en los que el aparcacoches lleva encima su documentación, los policías suelen multarlos sobre la marcha. A los denunciados incluso se les apunta en el boletín el lugar en el que duermen, por lo que al servicio de multas del Ayuntamiento han llegado denuncias en las que consta un banco de una plaza o un cajero de un banco como domicilio de la persona denunciada.

En la práctica es imposible notificar luego estas sanciones. En los casos en los que el gorrilla en cuestión no lleva encima su DNI ni ningún otro documento que pueda servir para identificarlo, los policías lo trasladan a la comisaría para comprobar sus datos, lo denuncian y luego lo dejan de nuevo en libertad. Tampoco en estos casos la multa resulta luego efectiva, ya que no hay forma posible de hacerle llegar la multa física al denunciado.

A esto se suma que son muy pocas las personas que dan el paso de denunciar una extorsión por parte de estos individuos y optan por darle una pequeña cantidad de dinero al gorrilla. En estos casos la Policía no puede hacer nada contra el aparcacoches porque teóricamente el ciudadano le entrega unas monedas de buena fe y sin que medien unas amenazas directas, por mucho que la persona que aparca su vehículo suponga o piense que si no entrega el dinero su coche será dañado.

Sólo podría ser detenido o imputado por extorsión un gorrilla en el caso de que un conductor acuda a la Policía para denunciar que ha recibido amenazas hacia su persona o hacia su vehículo, pero nunca porque alguien tenga la suposición o sospecha de que el aparcacoches va a causar daños en su coche si no le entrega una cantidad de dinero.

Ésta es la razón que explica el hecho de que ninguno de los gobiernos locales de las últimas décadas haya podido acabar contra este fenómeno. A principios de los 90, el gobierno de Alejandro Rojas Marcos ya ordenó a los policías detener a los gorrillas, pero esta medida fracasó porque los jueces los dejaban en libertad al comprobar que en su práctica no había delito alguno. Antes de elaborar la ordenanza antivandálica, el Ayuntamiento estudió la posibilidad de requisarles el dinero recaudado durante el día, pero no encontró la manera legal de vertebrar esta medida sin vulnerar derechos fundamentales. Una cuestión que sí llevó a la práctica el gobierno de Juan Ignacio Zoido en 2011, que incluso llegó a poner en funcionamiento un nuevo órgano que se encargaría de tramitar todas las denuncias, pero que, como todas las acciones contra este problema, no sirvió para nada.

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