El proyecto del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir que debe entrar en vigor este verano se propone lograr en el año 2015 la buena calidad de sus aguas y su buen estado ecológico, pero los expertos alertan de las "presiones e impactos negativos" que tiran justamente en el sentido contrario de lo que pretende el plan. Entre esas presiones citan "la expansión de los regadíos ilegales, la ocupación del dominio público y de zonas inundables, y el aumento de la erosión de las márgenes que enturbia sus aguas", que discurren por Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada.

El proyecto del dragado de profundización del río que plantea el Puerto de Sevilla para compensar la nueva esclusa; así como las viviendas y construcciones que se han inundado con las lluvias varias veces en 2010 al estar en zonas de influencia del río son ejemplos recientes de esas presiones.

El proyecto del dragado de Sevilla se cita en la memoria y en el informe de sostenibilidad ambiental del plan hidrológico. En el anejo 7 del plan (inventario de presiones) se dice que el dragado fue declarado "ambientalmente viable" en 2003, pero que actualmente está siendo revisado "debido a los múltiples sectores afectados que alegaron al mismo, completándose los estudios realizados y proponiéndose medidas para llegar a una solución sostenible". La redacción del anejo, anterior a la redacción definitiva de los informes científicos que se han conocido a finales de 2010, sugiere por tanto que el dragado se hará con la solución sostenible adecuada.

El documento está en exposición pública hasta el próximo 15 de junio y, por tanto, abierto a las alegaciones y sugerencias que quieran presentar los ciudadanos y entidades. También puede consultarse en la web de la Confederación (www.chguadalquivir.es).

El plan llegará con dos años de retraso para sustituir al vigente de 1998. Su importancia radica en que nace para cumplir la directiva europea marco en materia de agua aprobada en el año 2000. Su objetivo es asegurar la buena gestion del agua para la economía, el medio ambiente, los paisajes y la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la integración de políticas agrícolas, de ordenación del territorio, turismo, industria y energía. Su planteamiento práctico es garantizar la salud de los abastecimientos humanos de agua.

Por primera vez un plan hidrológico deja claro que el agua hay que pagarla teniendo en cuenta sus costes económicos y ambientales reales. Y defiende que todo esto no es posible sin aumentar la transparencia de la Administración, la información y la participación social.

Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la mesa de información y seguimiento del Plan Hidrológico del Guadalquivir, recalca que las autoridades deben ejercer más control sobre las amenazas del estuario para que el plan hidrológico no nazca muerto y recuerda que un buen número de profesionales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de la Agencia Andaluza del Agua, como Agustín Argüelles y Víctor Cifuentes, están haciendo un "gran esfuerzo" por el Guadalquivir, pero al mismo tiempo tiempo advierte del "gran defecto" que supone planificar para mejorar mientras "grupos de presión y sectores con intereses económicos, la administración y también un tejido social difuso apoya o no se opone a las actuaciones que suponen impactos negativos sobre el agua".

Del Moral denuncia que la expansión de regadíos ilegales aumenta el déficit de agua, los riesgos de sequía y el deterioro de los ríos y acuíferos, y asegura que la Confederación se niega a hacer públicos los últimos datos de que dispone sobre la superficie de regadío de la cuenca, que ha aumentado decenas de miles de hectáreas entre 2005 y 2008, "porque eso acarrearía problemas de responsabilidad ante Europa".

Del Moral añade que la ocupación del dominio público hidráulico y de zonas inundables "aumenta los riesgos de inundaciones catastróficas que luego obligan a costosas infraestructuras de canalización", como ha sucedido en Écija y Córdoba. El aumento de la erosión da lugar a uno de los problemas más graves del Guadalquivir: la turbidez de las aguas.

Este experto en gestión y planificación del agua recuerda que el estuario del río sufre un "gravísimo deterioro" que han puesto de manifiesto los recientes informes científicos (final de 2010) coordinados por los profesores Miguel Losada y Hermelindo Castro. "El colapso del estuario es la consecuencia palpable del deterioro general de la cuenca del Guadalquivir".

El plan se compone de una memoria con las principales líneas de actuación para la gestión de los recursos de la demarcación; otro documento con las normativas de obligado cumplimiento para lograr esa planificación hidrológica y 11 anejos. También se somete a información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental del plan.

Según la memoria, 80 masas de agua superficial se encuentran en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en el horizonte de 2015 por el efecto de las fuentes de contaminación puntual. Las zonas de mayor concentración de vertidos puntuales sobre las masas de agua continentales se da en la zona del valle del Guadalquivir, en el entorno del río Genil y en la margen izquierda del río Guadalquivir, correspondiéndose con las zonas más pobladas de la cuenca. Por su volumen destacan los vertidos urbanos que son especialmente importantes en las áreas metropolitanas de las poblaciones más pobladas. En vertidos industriales destacan el entorno de Puertollano, del río Guadiel, el Genil a su paso por Granada y el entorno de las ciudades de Córdoba y Sevilla.

El volumen estimado de agua superficial y subterránea que se extrae de la demarcación es 3.833 hm3/año. Los regadíos y usos agrarios se llevan el 87%, el consumo humano el 11% y los usos industrial y energético menos del 2%. Las masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales por el efecto de alteraciones morfológicas y regulaciones de flujo son 157. Son alteraciones por presas, trasvases y desvíos de agua, azudes, canalizaciones, protección de márgenes, cobertura de cauces, dragados de ríos o portuarios, extracción de áridos, explotación forestal, recrecimiento de lagos, diques, dársenas, etcétera.