Casi diez años después de la muerte de Ana María Barroso Albarrán en el derrumbe del muro del antiguo Bazar España, su familia ha denunciado públicamente que Hacienda le ha reclamado más de 43.000 euros en concepto de impuestos y recargos por la ayuda de 72.121 euros que le concedió el Ayuntamiento de Sevilla.

Ana Albarrán, madre de la joven de 17 años que falleció en el trágico suceso, culpó ayer al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en declaraciones a Europa Press, de haber creado el problema con el Fisco "por no querer hacer caridad ni justicia, sino buscar un vericueto jurídico". A juicio de Albarrán, que a su vez es presidenta de la asociación de Víctimas Solidarias, creada tras el derrumbe del muro, el alcalde "está obligado a resolver" el problema y por ello, la madre de la víctima del derrumbe anunció que acudirán a los tribunales para denunciar al alcalde. "Nos dijo que el dinero era una ayuda solidaria, que estaba exento de impuestos. Nunca me dijeron que se trataba de una subvención por la muerte de mi hija. ¿En qué cabeza cabe aceptar una subvención por una muerte?", advirtió Ana, que explicó que como consecuencia de la situación familiar, Hacienda "ha embargado la nómina de su marido y probablemente pierda" la casa y su familia se vea en la calle.

Si esto ocurre finalmente, Ana Albarrán aseguró que durante todo el día protestará "a las puertas del Ayuntamiento" de Sevilla y por la noche se trasladará a la puerta del domicilio del alcalde, "para recordarle hasta dónde ha llegado su palabra".

Antes de denunciar la precaria situación económica por la que atraviesa su familia, Albarrán describió su peregrinar durante los últimos años por el Ayuntamiento de Sevilla. "Me han tenido como una pelota, botando de un sitio a otro, reuniéndome con altos cargos del Ayuntamiento, entregando toda la documentación que me pedían, pero sin recibir nunca una respuesta", indicó la presidenta de la asociación de Víctimas Solidarias, que explicó que fue en 2002 cuando Hacienda les requirió por primera vez casi el 40 por ciento del dinero que le entregó el alcalde.

En su deambular por distintos departamentos municipales, Albarrán recuerda especialmente la última reunión que mantuvo con la dirección de la delegación de Asuntos Sociales, hacia la que le había derivado el alcalde, según comentó. "Me ofrecieron un cheque de 300 euros para comida y fue tal el dolor que sentí dentro de mi al oír esta limosna que las lágrimas me ahogaban, no podía ni hablar", añadió la mujer.

Ana Albarrán asegura que los servicios jurídicos del Consistorio les confirmaron que el dinero, que las familias recibieron en 1999, estaba "libre de cargas y exento de impuestos", aunque se les puntualizó que al final del proceso judicial el juez podría descontarles la cantidad ingresada de la indemnización que les correspondiese en la sentencia. "De haber sabido esto, no hubiésemos aceptado este dinero humillante e indigno por la muerte de una hija", concluyó Albarrán.

La madre aseguró que Hacienda también ha requerido el pago de impuestos a las familias de las otras cuatro víctimas del derrumbe producido en la tarde del 31 de diciembre de 1998.