Inquietud por los 1.800 alumnos de Edificación

El rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, ha mostrado su "preocupación" por la situación que atañe a más de 1.800 alumnos matriculados y unos 400 que se prevé que realicen la matrícula para el próximo curso en los estudios Graduado en Ingeniería de la Edificación, cuya denominación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque advierte que "es una cuestión que debe ser resuelta por el Ministerio de Educación, porque lo que está en entredicho es la reserva del nombre" del graduado.

En este sentido, Luque ha tranquilizado a los estudiantes que cursan o quieran cursar dichos estudios, al tiempo que recuerda que "no sólo afecta a la Hispalense, sino a la totalidad de universidades del país", entre ellas las de Burgos, País Vasco o San Pablo-CEU.

Al respecto, aclara que "la formación y las atenciones profesionales no están en entredicho", de modo que, según defiende Luque, "los estudiantes una vez que terminen sus estudios van a poder ejercer la profesión y colegiarse", puesto que "lo único que está en duda es saber el nombre del grado que van a obtener, lo que va a aparecer en su título", algo que "no es una cuestión menor, pero que no afecta a la formación, empleabilidad y el desarrollo profesional", subraya.

En concreto, el TSJA ha comunicado al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales que, a la vista del recurso contencioso administrativo promovido por este Consejo, incluyendo la solicitud de adopción de medidas cautelares contra los estudios de Graduado en Ingeniería de la Edificación de la US, ha acordado, suspender cautelarmente la resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Hispalense, por la que se publica su plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Edificación.

Según ha indicado el Consejo en una nota, esta decisión judicial del TSJA se efectúa tras haber analizado las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado y dicha Universidad, y se ha basado en los mismos fundamentos de derecho en los que se basó el Tribunal Supremo (TS) en su acuerdo de 31 de marzo de suspensión del carácter oficial de los títulos de Graduado en Ingeniería de la Edificación de las universidades de Burgos, País Vasco y San Pablo-CEU.