Interior indemnizará a Ruiz de Alda por afirmar que falsificó piezas de La Cartuja

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a pagar una indemnización de 20.000 euros al empresario Álvaro Ruiz de Alda, antiguo propietario de la fábrica de cerámica de La Cartuja, por haberle atribuido la falsificación de 750.000 piezas en el transcurso de una operación realizada en 2005 y que un juzgado de Asturias acabó archivando.

La denuncia por la supuesta falsificación fue presentada por el dueño de La Cartuja, Emilio Portes, quien denunció al director de la fábrica de loza San Claudio (Oviedo) y antiguo propietario de la firma sevillana, Álvaro Ruiz de Alda. La Guardia Civil informó en junio de 2005 sobre la denominada operación Salsera, en la que aseguraba que se había descubierto una fábrica de loza que falsificaba los productos de La Cartuja y se requisaron 200.000 artículos de loza valorados en unos 7,2 millones de euros.

Un juzgado de Oviedo archivó en octubre de 2005 las investigaciones, al estimar que no había quedado debidamente justificada la perpetración del delito, y la Audiencia de Oviedo confirmó poco después el sobreseimiento.

Álvaro Ruiz de Alda presentó entonces una reclamación patrimonial contra la Administración, al considerar que la nota de prensa difundida por la Guardia Civil había conculcado su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El empresario exigía una indemnización de 500.000 euros, pero el tribunal sólo le ha concedido 20.000 porque entiende que no ha concretado el alcance de los daños causados.

La sentencia de la Audiencia Nacional critica la información que facilitó la Guardia Civil a los medios de comunicación porque, entre otras cuestiones, informaba de que el empresario había sido puesto a disposición judicial, cuando en realidad no fue ni siquiera detenido. De la misma forma, el tribunal señala que el instituto armado informó de que el valor de los efectos intervenidos era de 7,2 millones de euros, cuando "no se practicó ninguna tasación".

La resolución de la Audiencia Nacional también cuestiona la afirmación de que los productos se vendían a un precio superior al del mercado y hace hincapié en que dieron credibilidad a la versión del denunciante. "La nota en cuestión además de ser emitida con total falta de rigor y exactitud, se encuentra embebida por la tendenciosidad de quien disputa unos supuestos derechos de propiedad mercantil, y la Administración no hace sino seguir los pasos marcados por el denunciante en defensa de sus particulares intereses".