La Junta de Andalucía se ha adherido a la demanda presentada por el abogado Gabriel Velamazán, que representó en su día a Carmen Fernández, madre de los menores Iván y Sara, en la que se reclaman tres millones de euros al Ministerio de Justicia por el funcionamiento anormal de esta administración en el proceso de retirada de los niños y el "tortuoso calvario" que sufrió la madre para tratar de recuperarlos.

El abogado Gabriel Velamazán ha explicado a los periodistas que la demanda contra el Ministerio de Justicia, que se tramita actualmente en la Audiencia Nacional y está en el trámite de conclusiones sucintas, fue prsentada en mayo de 2009 y en julio de ese mismo año, la Administración autonómica -que tenía la tutela de Iván, aunque desde enero el joven ya ha cumplido los 18 años- presentó una demanda en la que se adhería a la cantidad reclamada por el abogado, si bien planteaba con carácter subsidiario que la indemnización fuese de 117.320 euros, de acuerdo con los criterios que establece el baremo de la ley del seguro para accidentes de tráfico.

En su demanda, la Junta reconocía que se habían producido unas dilaciones "excesivas" en la tramitación del caso de Carmen Fernández, que a lo largo de once años pleiteando contra la Administración logró hasta 12 resoluciones judiciale favorables a sus interereses: la devolución de los menores, que la Audiencia consideró finalmente imposible de realizar y acordó una indemnización de 1,7 millones para la madre, dinero que no pudo serle entregado en vida porque la propia Junta de Andalucía recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional pese a que inicialmente aseguró que no recurriría la decisión judicial.

Ahora la Administración autonómica considera algo "impropio de un Estado que propugna como uno de sus valores la Justicia y reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva" que se haya producido este retraso en el caso de Carmen Fernández.

La demanda de la Junta admite además la existencia de "un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente provocado a la señora Fernández" y advierte que hay una relación de causalidad entre ese daño y el funcionamiento de la Administración de Justicia. La Junta, que al ser ya mayor Iván podría desentenderse de las pretensiones de esta demanda, hace hincapié en "la dilación excesiva del procedimiento judicial seguido para la impugnación de las medidas de protección adoptads en relación con su hijo".

El abogado Gabriel Velamazán se pregunta, a raíz de la postura de la Administración autonómica, "¿cuándo se rompió el idilio entre la Junta y la Administración de Justicia?", ya que, en su opinión, hay numerosas contradiciones en la actuación de la Junta, que inicialmente se oponía a indemnizar con 1,7 millones  y ahora se suma a la reclamación del doble de esta cantidad al Gobierno central.