La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación inyectará antes de final de año 9,60 millones de euros a la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para financiar los proyectos y actuaciones recogidos en sus planes propios de investigación y transferencia. Ésta es la "primera vez" que el Gobierno autonómico destina recursos públicos a apoyar directamente estos instrumentos estratégicos en materia de I+D+I, de los que se dotan las instituciones académicas públicas andaluzas para planificar de forma plurianual sus principales líneas de actuación en esta área.

El conjunto de universidades recibirá para esta finalidad 31 millones de euros, una cuantía que se ha distribuido entre las nueve instituciones académicas públicas atendiendo al importe que cada una de ellas dedicó a estos planes en el ejercicio 2022.

La Hispalense contará con una cuantía de 8,73 millones y la Pablo de Olavide recibirá 873.240 euros, según las cifras aportadas por la Junta. El Gobierno autonómico ha realizado esta asignación de recursos con el objetivo de apoyar e impulsar la investigación y la transferencia que lleva a cabo el sistema público universitario, "uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la generación de conocimiento en Andalucía". La I+D y la innovación constituyen un área de "alto interés" para la comunidad autónoma, ya que ambas están "estrechamente ligadas al progreso y bienestar de la sociedad, a la competitividad empresarial y al desarrollo económico de la región".

Fondos Feder

Estos fondos, que llegarán a las universidades públicas a través de subvenciones nominativas, proceden del programa Feder del nuevo marco de financiación comunitaria 2023/27 y se ejecutarán a lo largo de varios años. Debe tenerse en cuenta que los planes propios suelen tener una vigencia de unos tres años. La partida asignada a cada universidad se dirigirá a promover, entre otras actividades, los programas de incentivos a la carrera investigadora, con becas predoctorales y posdoctorales.

También permitirá inyectar presupuesto adicional a las ayudas a los grupos de I+D, a la estancia de científicos de otros países o de los propios en centros de investigación de prestigio internacional, a la publicación en revistas o a la organización de congresos, entre otras medidas. Aunque los planes propios no son homogéneos y dependen de las prioridades de cada institución académica, en todos los casos estos documentos recogen iniciativas encaminadas al avance científico, la transferencia y la colaboración con el sector productivo a favor de la innovación. Dichas herramientas se suelen sufragar con fuentes propias de financiación que captan a través de diversas vías, al margen de las transferencias anuales de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Esta aportación que realizará la Junta se suma a los incentivos que reciben las universidades públicas para fomentar sus líneas de I+D a través de las convocatorias periódicas lanzadas por la consejería en concurrencia competitiva y que tienen como finalidad apoyar la carrera investigadora del talento andaluz, el desarrollo de proyectos de I+D, la mejora de infraestructuras y equipamientos de investigación y la transferencia de conocimiento.

Programa Energia

El sistema público de educación superior suele captar recursos que suponen más del 70% de las subvenciones concedidas a todos los agentes del conocimiento de la comunidad, lo que lo convierte en el principal receptor de estas ayudas. Desde el inicio de la legislatura la Consejería de Universidad ha resuelto convocatorias de ayudas por un importe superior a los 58 millones, entre las que destaca la última edición del programa Emergia, que cuenta con 15,72 millones, lo que ha permitido la incorporación de 60 investigadores de relevancia internacional a la ciencia andaluza.

También se han cerrado otras líneas como el programa Qualifica, que tiene como objetivo fortalecer a las entidades de I+D con el fin de que puedan obtener los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. Ha supuesto la concesión de 10 millones de euros en ayudas a universidades y centros públicos para mejorar su excelencia investigadora. A ello se añaden los incentivos por valor de 2,75 millones de euros a las universidades públicas andaluzas y centros públicos de I+D para acciones de transferencia de conocimiento con el sector productivo, o las subvenciones a proyectos de investigación de los agentes públicos y privados por importe de 29,76 millones de euros.

Este esfuerzo de la Administración autonómica representa un revulsivo para el empuje de la inversión regional en I+D, que en 2021 (último dato disponible) alcanzó los 1.702,7 millones de euros, lo que supone un 4,7% más respecto al año anterior. Esta cifra coloca a la región en tercera posición a nivel nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El desembolso realizado por el sector público (Administración pública y enseñanza superior) en ese ejercicio se traduce en un incremento del 7,08%, lo que supone la mayor subida en 11 años.