Sevilla

La multa al convento de Santa Inés se queda en sólo 2.850 euros

  • Moeckel critica que la Junta haya informado de la resolución por teletipo

  • La sanción se reducirá a 1.710 euros por pronto pago

Imagen parcial del órgano tras la restauración. Imagen parcial del órgano tras la restauración.

Imagen parcial del órgano tras la restauración. / Efe

Una rebaja sustancial de la sanción. La multa de la Junta de Andalucía al convento de Santa Inés "por no pedir permiso y no haber informado" sobre la restauración del famoso órgano del templo se ha fijado finalmente en 2.850 euros, una cantidad muy alejada de los 170.000 euros inicialmente propuestos por la delegación territorial de Cultura. Así lo anunció este lunes José Manuel Girela, responsable provincial de Cultura.

La sanción, además, podrá reducirse un 40% por pronto pago, por lo que quedaría finalmente en 1.710 euros. El abogado que ha representado los intereses de la comunidad de religiosas, Joaquín Moeckel, lamentó ayer que se haya comunicado la resolución antes a la prensa que a la parte interesada y criticó la alarma innecesaria generada por la Junta por no haber actuado con más prudencia en este caso.

El delegado territorial de Cultura, José Manuel Girela, explicó a Europa Press que la sanción a las monjas franciscanas clarisas de Santa Inés se había fijado finalmente en 2.850 euros, "pero si dentro del procedimiento administrativo hay un reconocimiento por parte de la comunidad o de los restauradores de que no se pidió autorización previa, y se acata la sanción por ello, y además por pronto pago, según la ley, van a recibir un descuento del 40% de la sanción, esta se quedaría en 1.710 euros". Girela explicó que lo que se mandó en su momento a la comunidad de religiosas fue el acuerdo de inicio de un expediente, que "sigue su curso, y en la segunda parte del trámite, una vez estudiada las alegaciones y teniendo en cuenta el dictamen de Comisión Provincial de Patrimonio, se determinó que la restauración sobre la pieza se ajustaba a la normativa y era respetuosa".

El delegado añadió que durante las actuaciones "se comprobó que todo lo que se había hecho por parte de comunidad era ajustado a la ley, con la salvedad de que no se había solicitado autorización previa para efectuar las intervenciones", e insistió en que "no solicitar permiso y hacer una mala acción sobre un BIC conlleva una sanción grave, pero al ver la Comisión de Patrimonio que la intervención ha sido en beneficio de la pieza, la sanción pasa de grave a leve".

Girela insistió en que se cumple la normativa vigente, ya que la ley andaluza de Patrimonio "dice que cualquier propietario de un BIC está obligado a protegerlo y a cuidarlo para que no sufra daño, y en este caso no ha sufrido daño ni dolo, pero no se solicitó el correspondiente permiso, que la ley establece para que no ocurra expolio y dolo". "Lo único que se penaliza con la sanción leve es que no se avisara y que el proceso de restauración no fuera revisado por los técnicos de patrimonio", reiteró Girela, quien aclaró que "nunca fue un multa sino el acuerdo de inicio de un expediente".

En este sentido, el delegado provincial puntualizó que el acuerdo de inicio del expediente "decía que por no haberlo notificado a Patrimonio la sanción sería de 150.000 euros, a lo que se sumaban otros 20.000 por haber realizado un traslado de la pieza sin permiso", aunque finalmente la actuación de restauración se ha hecho conforme a la ley, salvo la petición de autorización por parte de la Junta de Andalucía, administración competente.

Por su parte, Joaquín Moeckel, quien ha estado representando a las monjas, se mostró muy sorprendido de haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación: "La Junta de Andalucía ha notificado la resolución del expediente sancionador por teletipo. Es intolerable que no se informe previamente a la comunidad". El letrado no pudo realizar una valoración sobre la resolución por "no tenerla", pero destacó que todo quede en una multa leve: "Como abogado me congratulo de que las alegaciones jurídicas que hicimos hayan sido atendidas".

Moeckel lamentó la "alarma social" creada por la Junta de Andalucía por este caso: "¿Era necesario? Fueron muy poco cautos a la hora de abrir el expediente. Si se hubieran esperado seis días al dictamen de la Comisión de Patrimonio se hubiera iniciado como una infracción leve. No ha sido nada prudente".

El abogado señaló a este periódico que ayer mismo por la tarde puso en conocimiento del arzobispo, monseñor Asenjo, la resolución del caso.

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