Manos Limpias ha anunciado que se retira del caso Mercasevilla que se instruye en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla porque considera que su presencia como acusación popular "carece de utilidad práctica" una vez dictado auto de procesamiento y presentada la acusación por parte de la Fiscalía.

En su escrito, Manos Limpias explica que se personaron en esta causa en beneficio de la "sociedad civil", y añade que la forma de mantener esa actitud beneficiosa es retirarse para evitar retrasos y costes materiales y porque, además, ya quedan "salvaguardados los intereses generales".

El denominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias añade que deben desistirse tras el "trabajo impecable" desarrollado en la instrucción, ya que "consideramos honestamente que figurar por figurar no solo no ayuda a la institución de la acusación popular, sino que la ensombrece manteniendo acusaciones como mero escaparate".

En este caso, la Fiscalía pide 24 años de cárcel y 40 de inhabilitación para el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por cuatro delitos de malversación, otro de prevaricación y uno más de falsedad en documento mercantil que habría cometido durante su gestión al frente de la lonja. Además, la Fiscalía pide que los catorce encausados restituyan 449.164,74 euros a Mercasevilla, que es la cantidad con la que considera que entre todos perjudicaron a la entidad, de capital mayoritario público. De los procesados, nueve lo están por un premio extraordinario de jubilación, en los que se incluyó a la ex directora económica, Pilar Giraldo.

También está encausado el que fue presidente de los mayoristas de pescado, Antonio Vela, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por recibir 68.353 euros sin justificar, y una hija suya, a la que se le concedieron 16.612 euros por una "supuesta beca" y por lo que le solicita tres años de prisión. La juez procesó a los administradores de Hermes Consulting Francisco Limón Romero y Francisco José González García, que según la juez recibieron 111.630 euros y para los que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación.

Por este caso, aunque por unos contratos simulados, la juez envió en noviembre pasado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la inclusión del diputado andaluz del PSOE Carmelo Gómez, entre siete implicados por presunta malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil.

Manos Limpias también ha presentado otro escrito con la misma decisión y las mismas afirmaciones respecto al caso relativo a la Fundación De Sevilla.