El comité de Merca lleva a la UE los cambios en el mercado de pescado

El comité de los trabajadores de Mercasevilla ha presentado, a través de la oficina del eurodiputado Willy Meyer (IU), una petición al Parlamento Europeo para que aclare si hay alguna norma del derecho comunitario que motive los cambios en el mercado de pescado que está tramitando el gobierno local de Juan Ignacio Zoido (PP). Según su presidente Rafael Domínguez (CCOO), que firma la petición, la privatización de servicios que se está tramitando en el mercado de pescado "no es una exigencia del derecho de la competencia europeo, sino una opción política de los actuales gestores de Mercasevilla". El Ayuntamiento quiere"privatizar el servicio, y anular la actuación de la Administración pública en el mismo".

Este cambio supone que un centenar de trabajadores de la plantilla pública del mercado central de Sevilla dejarán de prestar en el mercado de pescado los servicios ahora obligatorios a los mayoristas: carga/descarga, pesaje, facturación y cobros del pescado a cambio del cobro de cánones a los mayoristas; estas comisiones pueden representar hasta un 3,595% de las ventas diarias. Se impondrá, pues, el libre comercio según oferta y demanda.

En el documento, enviado en diciembre al Parlamento Europeo, el comité lamenta que "el proyecto de privatización se ha publicado al exterior como una exigencia del derecho comunitario, que obliga a proteger el derecho de libertad de empresa y de libre competencia de los empresarios concesionarios que participan en el servicio, y que por tanto, obliga a modificar el modo en que el servicio se presta, ya que el derecho comunitario está por encima del Derecho nacional (principio de primacía), y por ello la aplicación de las normas comunitarias se debe hacer por encima incluso de las normas nacionales".

Añade que en todo caso el derecho nacional en materia de lonjas, mercados públicos locales, y prestación de servicios por las administraciones públicas, no conculca el derecho comunitario, y por eso pide al Parlamento europeo que "clarifique que no son exigencias comunitarias las que obligan a privatizar el mercado de pescado de Mercasevilla".

El comité considera que la Ley de Régimen Local obliga a los Ayuntamientos a tener un mercado de abastos que suministre alimentos a la población, sin por ello eliminar la posibilidad de existencia de mercados privados. Y que entre los alimentos que comercializa Mercasevilla se encuentra el pescado.

"Se trata de un servicio público y se presta a nivel local, sin que exista afectación del derecho de competencia entre estados, ni de competencia entre ciudadanos de varios estados miembros de la Unión Europea. Por tanto la intención del Ayuntamiento de Sevilla y de los empresarios que participan en la actividad de Mercasevilla de proceder a alterar el modo en que se presta este servicio, porque el Derecho comunitario europeo de la competencia lo exige, no es cierto", aduce el comité.

"El modo en que se presta el servicio en Mercasevilla no afecta en modo alguno al comercio entre los Estados miembros. Ni el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, ni las normativa del Tratado en materia de competencia, son aplicables", concluye el escrito.