La juez imputa en el caso Mercasevilla al ex asesor del alcalde Domingo Castaño

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla ha imputado en el caso al ex asesor del alcalde y ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, la persona a la que el Partido Popular considera como el cerebro de la operación. La imputación de esta persona, según explica la juez en el auto que ordena su comparecencia el próximo 17 de diciembre, se produce a la vista de la última documentación recibida en el juzgado -el organigrama de Mercasevilla y el expediente administrativo del concurso- y en especial por las "declaraciones que obran en autos".

Domingo Enrique Castaño, como miembro de la comisión ejecutiva y del consejo de Administración de Mercasevilla, intervino en el concurso para la venta de los suelos. Su citación se produce después del extenso interrogatorio durante varias horas al que fue sometido en octubre pasado el ex director general de Mercasevilla y principal implicado, Fernando Mellet.

En esa declaración se sucedieron las preguntas sobre la intervención de Castaño en el concurso para la venta de los terrenos, que la juez considera "fraudulenta" e "ilegal" porque se adjudicó a Sando a pesar de que el grupo Noga había ofrecido 52 millones más que la ganadora. La magistrada llegó incluso a preguntar al directivo de Mercasevilla cómo podía explicar que Castaño fuese jefe de la funcionaria de Urbanismo que elaboró una de las cláusulas incluidas en el pliego de condiciones que favoreció a Sando y acabase trabajando como directivo de la constructora malagueña.

El ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, precisó que no sabe si fue el ex asesor del alcalde quien puso a Sando en contacto con el mercado, ni si esta persona ideó que la filial de esta empresa ganase el concurso como posible contraprestación al derecho de superficie que habían adquirido a la inmobiliaria Larena 98 y por el cual Sando tenía que pagar un canon mensual de arrendamiento.

Domingo Enrique Castaño se convierte, de esta forma, en el sexto imputado que hay en una de las dos líneas de investigación sobre Mercasevilla abiertas por la juez Mercedes Alaya y en la que también están imputados el ex vicepresidente de la comisión ejecutiva y del consejo de administración, Jorge Piñero, así como el propio Fernando Mellet, el economista José Antonio Ripollés, y el ex subdirector del mercado Daniel Ponce.

Mellet también aseguró a la juez que no sabe si Noga hubiese ganado de no existir las dos cláusulas cuestionadas y explicó que había otras empresas -como Dole, El Corte Inglés, Hipercor y el Pozo- que tenían derecho de ocupación sobre locales del mercado y podían haber optado al concurso, con lo que podrían haberse beneficiado también de la cláusula que favoreció a Sando. La juez ha pedido ahora a la Policía Judicial que informe precisamente sobre los derechos de superficie y arrendamientos que había en los terrenos antes de la convocatoría del concurso público y el tiempo de su duración.

En la misma resolución, la magistrada reclama la práctica de nuevas diligencias, como por ejemplo que informen sobre los directivos de Sando que intervinieron en la subrogación del derecho de superficie de Larena 98, lo que puede considerarse como un paso previo para tomarles declaración. La instructora ha solicitado a los investigadores que remitan el resto de correos electrónicos que fueron intervenidos en el servidor de la Gerencia de Urbanismo. La magistrada también ha iniciado los trámites para realizar el ofrecimiento de acciones a la empresa Noga para que pueda personarse en la causa, en calidad de perjudicada.

De otro lado y, en el marco de la primera línea de investigación sobre Mercasevilla, en la que se trata de averiguar el intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios de La Raza, la juez ha autorizado a la Policía Judicial para que amplíen la investigación patrimonial sobre 18 personas, entre las que se encuentran los cuatro imputados -Mellet, Ponce, Regla Pereira y el delegado de Empleo, Antonio Rivas- y el resto son familiares directos suyos. La juez ha comisionado a la Policía para que solicite a la Agencia Tributaria un informe sobre los datos patrimoniales relativos a los imputados y su entorno familiar más directo.