El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha anunciado la citación como imputada de la actual concejal de Hacienda y Comunicación y ex edil de Convivencia y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Nieves Hernández, a cuenta de la denuncia promovida por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos por valor de 644.485 euros.

Ello, según ha explicado el secretario general del Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) en Sevilla, Juan Carlos Bernabé, se ha producido a expensas de la identificación por parte del Ayuntamiento de Hernández como responsable de Seguridad Ciudadana durante el año 2007, junto al también imputado y actual concejal de Movilidad, el socialista Francisco Fernández, en 2006.

A juicio de Bernabé, hay una "clarísima intencionalidad" de "mezclar" a la edil en este asunto, pues "no tiene nada que ver, ya que la gestión fue de Fernández". Por ello, asegura "no entender" el motivo por el cual se ha señalado a Hernández, agregando que "nos causa mucha extrañeza, hay algo que se nos escapa, pero en todo caso debe ser el juez el que delimite las responsabilidades".

En la providencia dictada por el juzgado, el juzgado señala la imputación de los dos ediles, que deberán acudir a declarar el 5 de septiembre de 2011, a las 10:00 y a las 11:30 horas, respectivamente.

La adquisición de los equipos, según la denuncia del fiscal, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación. Estas actuaciones responden a la comparecencia en calidad de imputado del jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento hispalense, José María Casar.

En su denuncia, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento hispalense adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos adscritos al servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios merced a los designios del jefe de dicho servicio por aquel entonces, quien no obstante, ha señalado ante el juez que en aquel momento estaba sometido a una baja laboral y sus competencias quedaban a expensas de Francisco Fernández, entre otras personas.

"Ninguna resolución previa"

La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri "no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras", toda vez que un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve "posibles irregularidades" en esta contratación dada la "absoluta inobservancia de las formalidades" obligadas en las contrataciones de esta naturaleza, lo que lleva al Ministerio Público a atisbar un posible delito de prevaricación.

Esta denuncia deriva de la documentación elevada a la Fiscalía por el SPB, que incluía precisamente un informe de la propia Intervención del Consistorio hispalense en cuanto a este reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 644.485 euros para la adquisición de equipamiento para vehículos del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios. Señala el documento de la Intervención que "se procedió" al suministro de tales equipamientos por un importe de 644.485 euros y fue "presentada la correspondiente factura, sin más trámite".