La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la ejecución de medidas urgentes de seguridad en un inmueble protegido junto a la plaza de Molviedro. Los técnicos estiman que los trabajos cuentan con un presupuesto de 10.000 euros y deben estar listos antes de 40 días para evitar riesgos a los viandantes. La propiedad comunicó hace un año en la sede de Urbanismo de la Isla de Cartuja que el inmueble se encontraba ocupado por una familia de rumanos.

El servicio de conservación de la edificación y paisaje urbano ha solicitado al dueño del edificio enclavado en el número 6 de la calle Quirós unos trabajos que consisten en el picado y saneado de todos los recercados de las mochetas y dinteles de los huecos de la fachada de la primera y la segunda planta, eliminando todos los elementos sueltos y con peligro de desprendimiento. En el documento se requiere su reparación, sustituyendo las piezas necesarias por otras de similares características constructivas o enfoscado de la zona con mortero bastardo.

La propiedad comunicó hace un año que la finca estaba ocupada por una familia rumana

Los técnicos solicitan a la propiedad de la finca –que se encuentra catalogada en el planeamiento general con una protección parcial en grado 2– la inspección del dintel de madera que ha quedado visto en el balcón de la segunda planta, al igual que el resto de dinteles de los balcones si se estima necesario al sanearlo; el apuntalamiento de los dinteles de la fachada; la inspección del interior de la finca para comprobar su estado; y la colocación de una puerta de registro en la entrada del edificio previa demolición del macizado realizado, así como el cierre y protección adecuados de la caja de la cometida eléctrica. Para la ejecución de todas estas medidas será necesario el acceso al interior del inmueble.

En el expediente se apercibe a la propiedad de que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras, el incumplimiento de las obligaciones de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones protegidas por el planeamiento será sancionable con multa de 600 a 60.000 euros. “En el supuesto de que ni se cumpla en plazo con lo ordenado, ni tampoco se conceda el consentimiento voluntario por los requeridos para la entrada en orden a su ejecución subsidiaria, solicite autorización judicial de entrada para la ejecución forzosa de lo ordenado en el presente acuerdo”.