Sevilla

El IBI de la discordia

  • Las posturas de PSOE y PP para desbloquear los precios de la ciudad siguen alejadas

Los ediles Beltrán Pérez y Rafael Belmonte. Los ediles Beltrán Pérez y Rafael Belmonte.

Los ediles Beltrán Pérez y Rafael Belmonte. / Belén Vargas

El equipo de Juan Espadas continúa manteniendo reuniones de trabajo con los distintos grupos políticos para consensuar lo antes posible los nuevos precios de la ciudad para 2018. Al mismo tiempo, se celebran ruedas de prensa en las que el gobierno socialista y el principal partido de la oposición lanzan propuestas con escasas opciones de cristalizar en un acuerdo.

La semana ha comenzado con el anuncio del alcalde para que las ordenanzas fiscales del próximo año incluyan una bajada del 3% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se trata de una reducción acordada con Ciudadanos que debe contar con el voto afirmativo o la abstención de un tercer grupo municipal. Sobre una futura negociación, consideró "inviable" rebajarlo a la cifra que solicita el PP. "Tendrá que decidir si apoya o no está rebaja fiscal, porque si al menos se abstiene saldrá adelante". Espadas dejó claro que la bajada de otros impuestos municipales tendrá que ser bien estudiada porque la capacidad de gasto del Ayuntamiento se verá también reducida al ingresarse menos por la plusvalía.

Una propuesta alejada de la realizada por Beltrán Pérez a mitad de julio. "La reducción del IBI es muy poco ambiciosa, y deja fuera a comercios, talleres, bares u oficinas". El portavoz avisó de que el acuerdo entre PSOE y C's incluye subidas en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o las tasas por la recogida de residuos sólidos urbanos, ya que son necesarias para "compensar" la caída de ingresos por esa reducción. "El PP no va a permitir subidas de impuestos, tasas o precios públicos".

Como alternativa, el popular propondrá en el Pleno de este mes varias medidas de ahorro para los sevillanos por importe de 25 millones de euros. La más llamativa es bajar el IBI un 10%. Las 42 medidas serían financiadas con cargo al plan de lucha contra el fraude fiscal (5,7 millones), que consiste en la agilización de liquidaciones pendientes en vías de gestión y la actuación inspectora; las previsiones de ingresos ajustadas a la recaudación efectiva de 2016 (4,73 millones), como son la plusvalía y el Icio, impuesto que grava la realización de obras nuevas o reformas; la enajenación de inmuebles (570.000 euros) y la reclamación de la participación en los tributos de la comunidad autónoma para su inclusión en los presupuestos de la Junta de Andalucía (14,4 millones).

"Si hay una merma en los ingresos propios del Ayuntamiento de la dimensión que plantea el PP, la legislación obliga a reducir el techo de gasto porque ninguna otra administración pública nos compensará. El resultado sería acortar a su mínima expresión las inversiones en barrios o colegios, paralizando la ciudad, y también el gasto social para las personas y hogares con menos recursos. Y el PP lo sabe perfectamente porque estuvo cuatro años en el gobierno municipal", detalló Antonio Muñoz.

El gobierno socialista cifra en 40 millones de euros el coste de la reforma fiscal propuesta por los populares, y sostiene que "la rebaja del 3% en el IBI para 2018 es un punto de partida para reducir la presión fiscal sin perjudicar las inversiones, ni el gasto social ni los servicios públicos para los ciudadanos, como nos comprometimos". El tiempo sigue corriendo y el acuerdo entre ambos partidos sigue alejado como al principio. Todo apunta a que deberá aparecer un cuarto partido en escena (Participa Sevilla o Izquierda Unida) para desbloquear las cuentas para el año que viene.

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