Un juicio que sale del juicio por el cohecho de Mercasevilla. La acusación que ejerce el alcalde, Juan Ignacio Zoido, anunció este miércoles que denunciará al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a varios funcionarios de la Consejería -la ex directora general de Formación María Josefa Lara, la jefa de servicio María Carril, y la funcionaria Rosario Gordillo- y a los cuatro acusados en este juicio por un nuevo delito de prevaricación en relación con la concesión de la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería. El abogado del PP, Luis García Navarro, solicitó este miércoles al juez Ángel Márquez que deduzca testimonio para investigar ese nuevo delito, al considerar que la concesión de esa ayuda formaba parte de un plan "predeterminado y perfectamente organizado" para exigir después la comisión de 300.000 euros a los hosteleros de La Raza.

En el caso de que el juez no acuerde esa investigación a la hora de dictar sentencia, el PP ejercerá las acciones legales correspondientes, ya sea desde la propia investigación abierta por la juez Mercedes Alaya por el delito societario en Mercasevilla -donde los populares han encontrado nueva documentación-, o bien presentando una querella aparte contra los funcionarios de la Junta y los procesados por cohecho en esta causa. El letrado del PP comparó este caso con el del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, condenado por la adjudicación irregular de contratos del Cuerpo, y para ello no dudó en leer algunos párrafos de la sentencia en los que se relata que Roldán adulteró el mecanismo para la contratación pública, decidiendo previamente la adjudicación y exigiendo un porcentaje a las empresas. "Leyendo esto tengo claro que lo ocurrido en Mercasevilla es lo mismo: lo único que hay que cambiar es la expresión contratos públicos por subvenciones", afirmó Luis García Navarro. La acusación popular insistió en que la concesión de la subvención excepcional para la escuela de la hostelería era ya en sí delictiva, de ahí que considere necesario que se investigue si se incurrió en una presunta prevaricación.

En cuanto a la implicación del ex delegado de Empleo, la acusación del PP sostuvo que Antonio Rivas "estaba desde el principio en el ajo, no pasaba por allí", porque ha "participado en todos y cada uno de los pasos que se han dado para la subvención", ya que desde 2006 la solicitud se hace ante él y hay "tal connivencia" entre Rivas y Mercasevilla que los documentos "salían del ordenador de Regla Pereira", en alusión a una de las pruebas aportadas por las acusaciones que no ha sido admitida por el juez.

El abogado del PP añadió que "Rivas tenía el encargo o él había dispuesto" que se exigiera una comisión de 300.000 euros a los empresarios, y afirmó que no debe haber dudas sobre las declaraciones de Mellet y Ponce en la Policía, dado que "son pruebas más que suficientes para que el jurado declare la culpabilidad".

Después de once sesiones, el juicio concluye este jueves con el informe de la defensa de Rivas y el derecho a última palabra de los acusados.