El Grupo Municipal del Partido Popular de Sevilla ha presentado a la Comisión de Control y Fiscalización del gobierno local, que se celebra el día 16 de julio, varias preguntas sobre la denuncia que la asociación Ampes (de usuarios de patinetes) realizó el primer día de la puesta en marcha del servicio público de patinetes eléctricos en referencia a la potencia superior que tenían los patinetes respecto a lo marcado en la ordenanza.

Las preguntas no hablan en ningún caso de irregularidades y se refieren a si "el Ayuntamiento ha comprobado los extremos denunciados tras la puesta en marcha del servicio de alquiler de patinetes", "cuál ha sido el resultado de esa comprobación", si "está fundada la denuncia", si "ha existido realmente un incumplimiento de la ordenanza reguladora" de los patinetes, "qué han alegado o qué explicaciones han ofrecido las empresas adjudicatarias del servicio de patinetes de alquiler" y "cuál es la postura o resolución que ha adoptado Urbanismo en caso de existir incumplimiento de la ordenanza o de la licitación".

Pese a que en su pregunta el PP no habla abiertamente de irregularidades, el concejal del PP, José Luis García, señaló ayer que la potencia máxima de estos vehículos tiene que ser 250 W (para circular por el carril bici), y así se indicaba también en los pliegos, con lo que "la realidad es que los patinetes que están circulando por Sevilla, según su etiquetado, tienen una potencia, según sus características técnicas de 350 W, por lo que están por encima del límite máximo que recoge la ordenanza". El edil indicó que "es incomprensible que el gobierno, siendo conocedor de esta situación, haya consentido la puesta en funcionamiento de los patinetes superando la potencia e incumpliendo por tanto las ordenanzas y los pliegos".

Según el Ayuntamiento, las empresas Voi y Reby han demostrado con certificaciones que sus patinetes tienen una potencia de 250W que se ajusta a la norma.