La concejal Carmen Castreño sigue presidiendo el Pleno después de que en la última sesión ordinaria se aprobase, con los votos a favor de toda la oposición, su reprobación y solicitud de cese. La petición es consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto de 2016 al no incluir la presentación, debate y votación de las enmiendas de Participa Sevilla. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, debe ahora pronunciarse sobre si cesa o no Castreño de la Presidencia del Pleno. Pero quince días después todavía se desconoce su decisión. Y también el resultado de las gestiones para solventar este entuerto.

Participa Sevilla, partido que llevó el tema por la vía judicial, tiene en su mano un argumento de peso para ejercer una oposición guerrera, pero no está haciendo demasiado ruido. El alcalde alega cada vez que se le pregunta que la sentencia no es firme y que la interpretación que el gobierno hace es distinta a la del TSJA, por lo que se mantiene en sus trece. Según Espadas, Castreño sólo interpretó el reglamento con el apoyo de los servicios jurídicos municipales. (Por cierto, ¿qué papel han jugado en este episodio el secretario y el interventor municipal?).

Se supone que esa interpretación es una de las funciones de la presidenta del Pleno.Y así lo deja claro uno de los concejales denunciantes, Julián Moreno, en un informe que elaboró en calidad de interventor municipal en Valencina de la Concepción, cargo que ejercía en marzo de 2014 a cuenta de unas discrepancias en la aceptación de las enmiendas al presupuesto del citado municipio. Un caso muy similar al de Castreño.

En dicho expediente se explica que "el presupuesto es una iniciativa del alcalde, siendo por tanto una prerrogativa propia someter a votación la gestión económica que pretende desarrollar en el ejercicio presupuestario (...) nada obliga al alcalde a introducir por vía de enmienda un contenido determinado en el expediente". "Sin embargo, parece conveniente volver a recordar que las enmiendas al proyecto de presupuesto presentado por el señor alcalde al Pleno pueden ser no admitidas por el presidente, como bien se dice en el texto de la alegación presentada, por lo que al no admitirlas, el señor alcalde presidente no estaría vulnerando el procedimiento legalmente establecido", apunta el informe.

Según esta interpretación, Castreño tampoco habría vulnerado ningún derecho no admitiendo las enmiendas de Participa Sevilla, ¿no? Moreno incluso se justifica ante las críticas recibidas por la oposición en Valencina y explica que únicamente está asesorando "sobre las exigencias legales del procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto como nos exige nuestro deber profesional". Moreno, jurista de profesión, debe saber lo que dice. Hay intepretaciones jurídicas y otras políticas, pero la ley siempre está por encima.

El gobierno municipal está muy tranquilo porque sabe que los tiempos juegan a su favor. Y Participa también lo sabe. De entrada tiene 30 días desde la notificación de la sentencia para preparar el recurso de casación y la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dice que, una vez admitido, hay otros 30 días para presentar el escrito de interposición del recurso de casación. Dos meses en los que el presupuesto sigue ejecutándose sin bloqueo alguno. Y, finalmente, lo que se presumía un escándalo puede quedar en una mera anécdota. Aunque para suceso curioso, las contradicciones del concejal de Participa.