Nuevo capítulo sobre el hotel de lujo de Castelar. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha acordado por unanimidad de sus miembros informar favorablemente sobre la documentación complementaria presentada por la cadena Mercer al proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación y adaptación del inmueble que se encuentra en el número 26 de la céntrica calle.

Patrimonio impone una condición a la propiedad que debe ser verificada por la Gerencia de Urbanismo: Se deberá proceder a la reconstrucción de la semicúpula demolida, que corona la escalera principal, con sus espesores y características formales-constructivas. Este pronunciamiento de la comisión provincial se produce cuatro meses después de que el Ayuntamiento desestimase el recurso planteado por la cadena hotelera contra una resolución que ordenaba la inmediata suspensión del uso que viene desarrollando sin licencia en el edificio de tres plantas.

Urbanismo requirió a la propiedad la legalización de las intervenciones legalizables e inició un procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada. Los técnicos exigieron la reposición de la cubierta original, cuya eliminación permitió construir más habitaciones y una terraza superior con piscina.

A la vista del escrito de recurso de la cadena hotelera, la sección técnica del servicio de licencias e inspección urbanística de la Gerencia elaboró un informe en el que se recogía un análisis técnico en el que se indicó que “ni en la propia tramitación del reformado ni en el plazo posterior de la denegación mediante recurso de alzada, se aportó el expediente de legalización requerido”. Los técnicos detallaron que no hay nada que modifique la legalidad de la intervención en el edificio.

En referencia a una segunda alegación, Urbanismo reiteró que las obras ejecutadas (no amparadas por licencia) son la que dieron origen a la apertura del expediente disciplinario, siendo las mismas que se finalizaron y que fueron puestas en uso sin previa autorización. Por último, indicaron que realizada una visita de inspección el pasado 12 de julio se comprobó que el hotel se encontraba en uso, incumpliendo lo ordenado diez días antes.

En esa resolución se ordenó a la entidad Mercer Sevilla S. L. U. la inmediata suspensión del uso hotelero y se apercibió al interesado de que el incumplimiento de la orden daba lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y una cuantía (en cada ocasión) del 10% del valor de las obras ejecutadas con un mínimo de 600 euros.

Urbanismo ordenó el cierre del negocio tras rechazar el recurso presentado

Los técnicos avisaron de que el incumplimiento de la orden constituía una infracción urbanística calificada como muy grave y puede dar lugar a la imposición de una sanción por importe de hasta 120.000 euros, y ordenaron a las empresas suministradoras de servicios públicos y esenciales que suspendieran el abastecimiento. La propiedad presentó alegaciones a todas las peticiones que realizó la Gerencia.

La polémica arrancó en abril de 2017. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico decidió incoar un procedimiento sancionar por una infracción en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz. Los técnicos entendieron que la ejecución de demoliciones y las obras no contaron con autorización previa. Patrimonio consideró no legalizables las intervenciones realizadas en la cubierta a dos aguas, el estrechamiento del zaguán, la demolición de la semicúpula sobre la escalera principal y el cambio de posición de la fuente del patio central.

En mayo del año pasado, la comisión solicitó la legalización de las obras que se hubieran reparado, aunque no consideró que las propuestas fuesen suficientes para reparar todos los requerimientos que realizaron. Un mes más tarde, el promotor del hotel demandó al Ayuntamiento en el Juzgado Contencioso Administrativo.