La Policía Local de Sevilla tiene instrucciones precisas de no intervenir en el conflicto entre familias gitanas que mantiene en tensión a los vecinos del Polígono Sur desde el pasado mes de marzo. Así consta en una orden interna de este cuerpo a la que ha tenido acceso este periódico, que detalla que "los servicios relacionados con el conflicto de las familias de etnia gitana llamados Los Caracoleños (sic) no se atenderán por Policía Local y se desviarán a Policía Nacional o Policía Autonómica ".

La orden fue emitida el pasado 6 de agosto por el superintendente Juan José García, actual número dos de la Policía Local y jefe en funciones durante este mes de agosto. Esta instrucción anula una orden anterior que emitió el jefe del cuerpo, José Aulet, el 31 de julio, que antes de marcharse de vacaciones ordenó a los policías locales que no entraran en las Tres Mil Viviendas bajo ningún concepto. El texto de esta primera instrucción decía lo siguiente: "Ningún miembro de esta Policía Local, incluida la escala técnica, podrá entrar en el Polígono Sur, concretamente en la zona de las Tres Mil Viviendas previa consulta con el mismo jefe de la Policía Local".

La nueva orden revoca la primera y permite de nuevo la entrada de policías en las Tres Mil, la zona más conflictiva de la ciudad, pero deja claro que no se intervenga en el conflicto entre los clanes gitanos. Dos familias, la de los Caracoleños y la de los Salguero, permanecen enfrentadas en el Polígono Sur desde que el pasado mes de marzo un joven de 17 años de la familia de los Salguero -también conocida en el barrio como los Mariano- fuera alcanzado por una bala perdida procedente de un tiroteo en el que participaban miembros del clan de los Caracoleños y de otra familia del barrio, los Dominguín.

La muerte del joven propició la huida de los Dominguín a Madrid -donde fue detenido el presunto autor del disparo- y de los Caracoleños, que se instalaron en chabolas junto al puente de hierro de San Juan de Aznalfarache. Allí permanecieron hasta que en julio, tras la muerte de un bebé, decidieron volver a ocupar sus viviendas en las Tres Mil. Los pisos habían sido precintados por la Junta, propietaria legal de los mismos, durante la ausencia de los Caracoleños.

Los chabolistas rompieron los precintos de sus casas y se han vuelto a instalar en ellas, donde viven desde hace dos semanas. Por el momento no ha habido ningún roce entre las familias, ya que la mayoría de los miembros del clan rival no se encuentran en el barrio. Sin embargo, el padre del joven que murió alcanzado por la bala perdida ya expuso recientemente al comisionado del Polígono Sur, Jesús Maeztu, que considera la vuelta de los Caracoleños como una provocación.

Ante el temor de que pueda saltar una chispa entre las dos familias en cualquier momento, la presencia policial en el barrio es continua. Quienes se encargan de la vigilancia son los agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, la conocida como Policía Autonómica. Sin embargo, siempre que se había registrado algún episodio violento habían intervenido tanto la Policía Nacional como la Local. De ahí que sorprenda esta nueva orden que impide a los agentes municipales intervenir en el conflicto.

De hecho, pese a que las competencias sobre seguridad ciudadana recaen sobre el Cuerpo Nacional de Policía, dos agentes locales participaron en el arresto de unos familiares del joven fallecido que intentaron vengarse tiroteando una furgoneta de los Caracoleños hace dos meses. También había sido la Policía Local quien trabajó en un principio para que los miembros de este clan no se instalaran en las Tres Mil cuando compraron sus pisos de manera ilegal.