La Policía Nacional detectó una serie de irregularidades en la administración concursal de la empresa Jamones Badía, sociedad que durante años fue líder del sector del ibérico en España. La investigación policial parte de una querella de Juan Badía Valenzuela, fundador y propietario de la empresa, contra su administrador concursal, Pedro M. C.

En esa denuncia, elaborada por el abogado Ricardo Corzo, se acusaba al administrador de malvender los activos de la compañía, incrementar la deuda de la misma y falta de control sobre los bienes. El caso está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, que ha citado a declarar a Badía para ratificar su denuncia el día 21 de marzo, mientras que el administrador comparecerá como investigado el 3 de abril.

En la causa figura ya un primer informe de la Policía sobre la administración concursal de Jamones Badía. Lo ha hecho el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Sevilla. En el mismo, la Policía constata una serie de irregularidades y ve indicios de delitos como el de administración desleal. También se investigan pagos en B y ventas de inmuebles por precios muy inferiores al valor de mercado.

Juan Badía.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, la Policía analiza más de una veintena de documentos, como contratos de compraventa y escrituras públicas, relacionados con Jamones Badía. También presenta los hechos mediante una cronología detallada que se remonta al año 2013. En el curso de la investigación, la UDEF tomó declaración como investigado-no detenido al administrador concursal.

A los investigadores les "extraña" que algunos de los activos de la empresa se malvendieran, como ocurrió con unas fincas tasadas en más de 1,1 millones de euros que se terminaron vendiendo por 650.000 euros. Es, a juicio de la Policía, "poco entendible que las propiedades se hayan vendido casi por la mitad de su valor". En esta operación, Badía denunció pagos en B, pues se llegó a un acuerdo por 1.050.000 euros. Se aprecia, según la Policía, "objetivamente un perjuicio causado a las concursadas por la poco exitosa venta del activo".

Igualmente, el informe destaca la tardanza del administrador en vender los activos de la compañía, pues "se aprecia que desde que se aprobó el plan de liquidación de las concursadas el día 17 de abril de 2017 hasta que se realiza la primera venta inmobiliaria dentro de dicho plan, concretamente el 26 de junio de 2019, transcurren algo más de dos años".

El documento incluye unas tablas comparativas en las que figuran las propiedades de la empresa, el valor estimado de las mismas y el precio final por el que se vendieron, siempre muy inferior al primero. Muchas de ellas fueron adquiridas por los bancos al ejecutar las hipotecas. "El dinero recaudado por la venta de las fincas difiere muy negativamente de su valor. Todas las fincas han sido vendidas muy por debajo del que sería su valor real de mercado", dice la UDEF.

Un agente del Grupo de Blanqueo de Capitales trabaja en su ordenador.

Otra de las acusaciones que Badía hacía al administrador era la de agravar la situación de insolvencia de la compañía, pues alquiló unos bodegones a una entidad que no sólo no le pagó, sino a la que tuvo que indemnizar después para sacarla de ellos e intentar vender los inmuebles. La sociedad arrendataria habría generado una deuda con Jamones Badía de 368.562,44 euros, que correspondería a los impagos del arrendamiento de los bodegones, suministros eléctricos, agua, etc.

"El alcance de dicha cantidad adeudada suponen muchos meses de impago del arrendamiento, incluso años, lo que hace resultar sorprendente que no se haya actuado previamente por la administración concursal, tomando medidas para obtener el desahucio judicial por impago y rescindiendo los contratos de arrendamiento, impidiendo así que se generara tan alta deuda", dice la Policía. Finalmente, los bodegones no se vendieron y fueron ejecutados por el BBVA dentro del periodo liquidación.

Jamones Badía terminó abonándole 300.000 euros a la empresa que le había arrendado los bodegones, a pesar de los impagos de ésta. Esta cantidad era una indemnización por incumplimiento de contrato. "Se hubiera esperado una acción más determinante por el responsable de la administración de las sociedades concursadas, iniciando con antelación la solicitud de las medidas judiciales oportunas para la cancelación de los arrendamientos de los bodegones por impago antes" de que la deuda creciera.

Juan Badía, durante un momento de la entrevista, en su casa de Gines.

Los investigadores ven "poco comprensible que la sociedad arrendataria, mostrado su indudable estado de morosidad, acumulando por impago la deuda de 368.562,44 euros, fuese a hacer efectiva la compra acordada de los bodegones por 1,4 millones". "De haberse una actuación temprana y decidida de la administración concursal, podría haberse evitado, al menos, gran parte de la deuda acumulada por esta sociedad morosa", concluye la UDEF.

La Policía constata que se demoró más de tres años la aprobación del plan de liquidación desde que se inició el procedimiento concursal, "cuando parece ser que en las sociedades concursadas ya no venían desarrollando actividades productivas". Se tardaron más de dos años en comenzar a liquidar los activos inmobiliarios, "con la consecuente devaluación del valor de estas propiedades, producida por el paso del tiempo sin que generasen un beneficio, sino todo lo contrario".

Dice el Grupo de Blanqueo de Capitales que "la clave para haber obtenido una recaudación más acorde al valor de mercado de las propiedades inmobiliarias habría estado en haber conseguido obtener ofertas antes del plan de liquidación, ya que una vez comenzado este periodo, los bancos acreedores de las hipotecas de las propiedades ya tenían preferencia para adjudicárselas mediante la ejecución de dichas hipotecas ante cualquier otro supuesto comprador".

Badía, entre jamones, en el año 2011.

Otro hecho que incrementó la insolvencia de la empresa fue que se mantuvieron a 40 trabajadores cuando ya no había actividad apenas. Juan Badía denunció también la utilización de su vehículo, un Audi Q7 que estaba a nombre de la empresa, por parte del que fuera gerente de la misma.

El empresario jamonero acreditó mediante la contratación de un detective privado que el gerente seguía utilizando el coche para usos no relacionados con Badía, sino para otra empresa de supermercados de la que era representante. De hecho, la UDEF constata que el Audi se utilizó para transportar mercancía entre estos supermercados. Después, el coche tuvo hasta cuatro propietarios diferentes, entre ellos una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos, "por lo que presumiblemente se trataría de otra infructuosa venta más de los bienes de las concursadas", de la que el gerente se habría beneficiado y hecho negocio con el coche.

La UDEF tomó declaración como investigado al administrador concursal, Pedro M. C., que culpó a Badía de algunas de las cuestiones que se le acusan. Así, dijo que hubo ventas anteriores a su nombramiento como administrador concursal y que era el empresario quien aseguraba hacer negocios en B o dinero negro.

En cuanto a la negligencia a la hora de alquilar los bodegones, Pedro M. C. aseguró que había una necesidad de dejar estos inmuebles libres para su venta en liquidación, y que en todo momento se respetaron las fases del periodo de liquidación, pero que se solicitaron varias prórrogas para la venta de bienes inmobiliarios porque se estuvieron recibiendo ofertas que finalmente no acabaron en ventas.