Sólo quedan seis presos etarras en las cárceles sevillanas

La política de acercamiento de los presos etarras al País Vasco se está notando en las cárceles de Andalucía, que tradicionalmente acogieron a una buena parte de los reclusos de la banda terrorista ETA. Ahora, en la comunidad andaluza quedan en torno al centenar de presos de la organización, mientras que en las de la provincia de Sevilla sólo permanecen seis. Todos ellos están en el centro penitenciario Sevilla-II, en Morón de la Frontera.

Todavía se desconoce cuándo llegará el momento en que salga de la cárcel de Sevilla-II el último de los presos etarras. Al ritmo que van los traslados, será algo que no se demore demasiado en el tiempo. En 2012, hace ocho años, eran 13 los etarras que había en Morón. Ahora son menos de la mitad. Ya hace años que no hay ninguno en Sevilla-I.

Desde 2009, unos meses después de la inauguración de la prisión, todos los miembros de ETA presos en Sevilla cumplen condena en Morón, en un módulo de máxima seguridad. El primero en hacerlo fue José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, uno de los dirigentes históricos de la banda, que ahora se encuentra en Murcia.

El último recluso de ETA que dejó la prisión de Morón fue Roberto Lebrero Panizo, que a principios de octubre de 2020 fue trasladado a la cárcel de Burgos. Este terrorista ingresó en prisión el 21 de octubre de 2001 y cumple una condena de 25 años por estragos e incendios, tenencia de explosivos, atentados y colaboración con banda armada.

Lebrero Panizo cumplió las tres cuartas partes de la condena en julio de 2020. Según indicaron fuentes de prisiones, ha aceptado la legalidad penitenciaria, por lo que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias resolvió aplicarle la flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado. A propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Sevilla-II, fue trasladado a un centro más próximo a su vinculación familiar.

Antes, en septiembre, salió en libertad tras cumplir su condena Rufino Arriaga, miembro del comando Madrid y que pasó 23 años en la cárcel.

Entre los seis presos de ETA que quedan en Morón está Ignacio Arakama Mendía, Makario, de 69 años, líder histórico de la banda, que fue jefe del sanguinario comando Madrid y uno de los tres interlocutores de ETA en las conversaciones de Argel. Cuenta con varias condenas por delitos de sangre desde que en 1997 fue entregado a las autoridades españolas desde la República Dominicana. La primera de ellas fue a 30 años por matar al inspector de la Policía Nacional Antonio Recio Claver, el 23 de marzo de 1979.

La más reciente es de 2003, cuando fue condenado a 61 años de cárcel por su participación en el atentado contra tres guardias civiles (el cabo primero José Luis Vázquez Platas y los cabos Avelino Palma y Ángel Prado) que iban a dar protección y ordenar el tráfico en una carrera ciclista en la localidad alavesa de Salvatierra, el 4 de octubre de 1980, con motivo de las fiestas patronales. Tiene condenas por 18 asesinatos y también participó en el secuestro del empresario Diego Prado y Colón de Carvajal.

En 2004, junto a otros históricos de la banda como Pakito o Pedrito de Andoain, firmó una carta enviada a la dirección de ETA en la que apostaba por el abandono de las armas y abogaba por por la "lucha institucional y la lucha de masas". Esto le valió la expulsión de la banda al año siguiente. Lleva más de una década cumpliendo su pena en Morón, donde no se ha sumado a las varias huelgas de hambre que ordenaba ETA a sus presos como medidas de presión.

En el año 2013, por ejemplo, hubo una huelga de hambre de presos etarras en Morón que se prolongó durante 31 días. Un año antes, Makario pidió salir de prisión en aplicación de la doctrina Parot, pero el Tribunal Constitucional desestimó su recurso.

En la misma prisión permanece Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, de 43 años, condenado por ser el autor material del asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, el 22 de octubre de 2000 en Vitoria. Este terrorista formó parte del comando Ttotto, cuyo primer atentado fue el asesinato del periodista José Luis López de la Calle, el 7 de mayo de 2000 en Andoain. Además, participó la colocación de un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Ágreda (Soria) y en el asesinato de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús en Sallent de Gállego (Huesca), a los que colocaron una bomba lapa en los bajos de un Nissan Patrol.

En febrero de 2002, unos meses antes de ser detenido en Francia, colocó la bomba lapa que hirió gravemente al entonces dirigente de Juventudes Socialistas y ahora diputado del PSOE Eduardo Madina, que sufrió la amputación de una pierna.

Su compañero en aquel atentado fue Iker Olabarrieta Colorado, que también cumple condena en Morón. La pena que se les impuso a los dos terroristas por intentar matar a Madina fue de 20 años. Fue detenido en 2005 cuando intentaba reconstruir, en compañía de otros dos terroristas, el comando Donosti.

Otro etarra con delitos de sangre que cumple condena en Sevilla-II es Gurutz Aguirresarobe Pagola, considerado el autor material del asesinato del jefe de la Policía Local de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, cometido en febrero de 2003. Por este crimen fue condenado a 32 años de cárcel.

El quinto preso de ETA en Morón es Garikoitz Etxeberria, relacionado con dos zulos lleno de explosivos que fueron hallados en Vizcaya en 2006. Fue detenido el año siguiente en Francia, donde buscaba refugio armado con una pistola, y entregado a las autoridades españolas. Fue el primer caso en el que Francia, que podría haber juzgado al etarra por tenencia de armas, renunció a juzgarlo en su territorio y lo entregó directamente a España. Fue condenado a 27 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y los delitos de transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, falsificación de placas de matrículas y de documentos oficales y tenencia ilícita de armas.

Sevilla-II también acoge a miembros del brazo político. Es el caso de Juan María Etxabarri Garro, que fue concejal de Euskal Herritarrok (EH) en el Ayuntamiento de Pamplona. Unos días después de tomar posesión de su acta, la Audiencia Nacional lo condenó a seis años por pertenencia a banda armada.