Seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena llevan suspendidos de empleo y sueldo desde el verano por presuntamente apropiarse de más de 17.000 euros en un registro de una tienda de alimentación que vendía tabaco de contrabando. El juzgado de Instrucción 1 de Sevilla, que investiga este asunto, ha citado a declarar como imputados a los seis agentes, a los que se les acusa de varios delitos: cohecho, hurto, falsedad en documento público y amenazas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se refirió ayer a este caso durante un acto en Granada y confirmó la suspensión de los policías, que se mantendrá sine díe, hasta que concluya la instrucción. La investigación de Asuntos Internos arrancó tras la denuncia de la pareja rumana que regenta la tienda de alimentación, en la que se vendía tabaco de contrabando.

El matrimonio aseguró a un inspector de la brigada de Extranjería que los policías se habían quedado con 17.350 euros y más de 150 cajetillas de tabaco ilegal, y que no elaboraron ningún acta. La pareja explicaba que le habían pedido una mordida de 10.000 euros a cambio de no volver a registrarles el local, pero que finalmente negociaron y les entregaron 5.000. Los comerciantes aseguraban, además, que esta práctica era habitual por parte de estos policías con los negocios de la zona. El registro de la tienda, ubicada en la ronda de Pío XII, fue en mayo.

El inspector de Extranjería puso esta denuncia en conocimiento de la unidad de Asuntos Internos, que abrió una investigación interna en la que ve indicios de varios delitos en el comportamiento de los agentes del distrito Macarena. La pareja rumana aportó un vídeo del registro, en el que se muestra a los policías requisando dinero en metálico. Los agentes aportaron un acta de aprehensión, pero Asuntos Internos cree que pudo ser elaborada después, lo que constituiría el delito de falsedad documental del que se les acusa.

Los policías han negado las acusaciones ante sus compañeros de Asuntos Internos, y han sido emplazados para principios de 2016 para que se les tome declaración como imputados ante la juez de Instrucción 1. Antes están citados los denunciantes para ratificar su denuncia. Los sindicatos policiales que representan a los agentes imputados pidieron ayer que se respete la presunción de inocencia y recordaron que en la Jefatura de Sevilla se han dado ya varios casos de policías suspendidos de empleo y sueldo que luego acabaron absueltos en los juzgados.

Para la Unión Federal de Policía (UFP), que representa a cuatro de los imputados, la suspensión supone una condena previa. "Es una vergüenza que la Jefatura le dé más credibilidad a un delincuente que a un policía. Si son culpables, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, pero mientras que son juzgados se está destrozando a seis familias", expuso el secretario general de la UFP en Sevilla, Antonio Jurado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) defiende a los otros dos imputados. Esta central emitió ayer un comunicado en el que lamentaba que el director general de la Policía acordara la suspensión administrativa de los agentes sin que así lo haya ordenado la juez que instruye el caso. "En nuestro Estado de Derecho rige el principio de la libre valoración de las pruebas y corresponde al tribunal su valoración en el acto del juicio oral, evaluándose íntegramente en su conjunto y no de forma parcial", apuntó el SUP.