Ecologistas en Acción ha anunciado este miércoles la publicación en el BOJA (lunes 24 de abril) de la Sentencia firme del 12 de enero de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la 3ª modificación del Plan Especial urbanístico de actuación minera de Cobre Las Cruces (CLC), que pretendía autorizar la implantación de una nueva planta de beneficio industrial, para el nuevo proyecto de refinería polimetalúrgica (PMR). Esa nueva planta se pretendía ubicar en la actual Escombrera Sur del complejo minero, en el término municipal de Salteras (Sevilla).

Para ello se tramitó la referida 3ª Modificación del Plan Especial, que fue aprobada definitivamente el 11 de julio de 2019 por la Comisión Territorial de Sevilla de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ecologistas denuncia que esa aprobación definitiva se hizo "ignorando completamente dos hechos cruciales".

El primero es que la anterior sentencia firme del 18 de enero de 2019, de la misma Sección y Sala del TSJA, anuló la 2ª Modificación de ese mismo Plan Especial urbanístico, impidiendo la construcción de dos escombreras nuevas, por ausencia de la obligada Evaluación Ambiental Estratégica.

En base a esos argumentos, en enero de 2021 el TSJA confirmó medida de suspensión cautelar de la ejecución de esa 3ª modificación del Plan Especial, fundamentalmente por la jurisprudencia existente sobre medidas cautelares cuando se vulnera el contenido de sentencias firmes.

Ahora el TSJA confirma en su sentencia firme los argumentos defendidos por Ecologistas en Acción, en tanto que la nueva modificación del Plan Especial no se ha sometido tampoco a la obligada Evaluación Ambiental Estratégica, resultando por tanto "una burla a la anterior sentencia firme dictada por el TSJA en enero de 2019".

Ecologistas recalca que "esta nueva sentencia del TSJA necesariamente implica la paralización de todas las obras y movimientos de tierras que se hayan podido iniciar para la futura instalación de la nueva planta de beneficio del proyecto PMR de CLC".

Por eso, Ecologistas en Acción "ha exigido, una vez más, la paralización de esas obras al Ayuntamiento de Salteras, así como la anulación de todas las licencias municipales otorgadas hasta el momento relativas a esas obras o movimientos de tierra".

Críticas a la Junta

Ecologistas acusa a la Junta de Andalucía de conceder a CLC en diciembre de 2020 la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para esa nueva planta de beneficio del proyecto PMR "ignorando los argumentos de riesgo de derrumbe de la Escombrera Sur donde se pretende ubicar, detallados en los informes realizados tras el derrumbe de enero de 2019 de la Escombrera Norte, de similares características". Agrega Ecologistas que "en esos informes se detallaba la posible inestabilidad de las escombreras debido a las filtraciones de aguas de lluvia y a los desvíos de arroyos realizados dentro del complejo minero desde 2005".

Es por eso que, tras agotar la vía administrativa, Ecologistas en Acción interpuso en octubre de 2021 recurso contencioso administrativo contra esa AAI y ante el TSJA, que ahora, tras la sentencia firme que anula la autorización urbanística, tendrá que decidir si paraliza también esa AAI.

Ecologistas recalca que "la tecnología propuesta para la nueva planta industrial del PMR supone una importante regresión ambiental. Pretende usar el clásico sistema de flotación que incrementa notablemente las afecciones en materia de aguas. Supone un aumento brutal del consumo de aguas subterráneas para uso industrial, incumpliendo los objetivos medioambientales establecidos en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir para las masas de aguas subterráneas de Gerena y de Guillena-Cantillana. El proyecto de CLC pasa de un consumo actual (e ilegal) de aguas subterráneas de 1.000.000 m3/año hasta una autorización propuesta para el PMR que puede alcanzar los 3.300.000 m3/año. Todo esto sin haber realizado, una vez más, una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) sobre las afecciones a las masas aguas subterráneas afectadas. Autorización que va a vaciar literalmente el acuífero Gerena-Cantillana, continuando con el expolio de millones de m3 en la última década de una reserva de agua subterránea que debería garantizar el suministro de agua de consumo humano al Aljarafe y al área metropolitana de Sevilla en tiempos de sequía".

Añade Ecologistas que, además, "el proyecto PMR implica una nueva agresión contra el medioambiente andaluz: el incremento brutal de la contaminación que CLC pretende verter al estuario del Río Guadalquivir en La Algaba, afectando a las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. La autorización de vertido incluida en la AAI pasa de los actuales 900.000 m3/año hasta un máximo de 2.340.000 m3/año, con contenido en metales pesados como arsénico, plomo, cadmio, cinc, níquel y mercurio. En este caso, tampoco se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental sobre las afecciones de ese vertido en las aguas receptoras a lo largo de todo el estuario del Guadalquivir, en zona Red Natura 2000".